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Peor de lo que parece

Jordi Sevilla

Jordi Sevilla

La situación económica «es peor de lo que parece» como consecuencia de la pandemia, «estamos al borde del precipicio con las insolvencias, especialmente de pymes». Quien así habla es Mario Draghi, artífice de la victoria en la guerra contra el euro de 2011/13 con su famosa declaración de que el BCE «hará todo lo que sea necesario y, créanme, será suficiente», como así fue. Lo ha dicho esta semana en la presentación de un informe elaborado por un prestigioso think tank independiente, el Grupo de los 30, donde se destacan tres ideas: la recuperación tras la pandemia será más lenta y de menor intensidad de lo previsto; el apoyo masivo a la liquidez de las empresas llevado a cabo cuando se pensaba que estábamos ante una crisis corta, está ocultando la verdadera magnitud de los problemas de insolvencia ya evidentes y que amenazan con saltar a los bancos vía morosidad e impagados; los gobiernos deben actuar con urgencia apoyando directamente a las empresas, con inyecciones de capital, agilizando los procesos de quiebra y adoptando medidas estructurales que impulsen el crecimiento.

La pandemia ha provocado una crisis económica atípica que ha venido inducida por un shock externo impuesto por motivos sanitarios. Cuando se pensaba que la cosa iba para tres meses, se pusieron en marcha medidas masivas que garantizaran la liquidez de empresas y familias aprovechando el impulso monetario del BCE. Sin embargo, si las restricciones sanitarias duran más tiempo, esas medidas se quedan cortas. La política económica debe pasar del apoyo a la liquidez, a la lucha contra una insolvencia que va a abocar al cierre a miles de pymes y autónomos, así como a muchas medianas y grandes empresas, a convertir ERTES en ERES. El Banco de España viene advirtiendo, también, de la precaria situación financiera de las empresas y su previsible impacto, como quiebras, sobre el sistema bancario. Desde las organizaciones empresariales se demanda, igualmente, ayudas directas a la supervivencia de las empresas y no más créditos y aplazamientos que solo incrementan su debilidad patrimonial. Estos días, Foment del Treball ha pedido la condonación de los créditos avalados por el ICO, que suman más de 115.000 millones de euros repartidos entre casi 600.000 pymes y autónomos, así como otros 50.000 millones en ayudas directas selectivas. La Generalitat Valenciana ha aprobado un fondo para recomprar deuda empresarial y convertirla en préstamos participativos que computan como capital.

Como se ve, Draghi no está solo en su preocupación, ni en pedir a los gobiernos nuevas actuaciones urgentes. Que la recuperación se deshincha, empieza a ser admitido en España. Una tercera ola de la pandemia que se nos va de las manos (el precio de «salvemos la Navidad») y amenaza con fuertes restricciones, los retrasos inexplicables en la vacunación y la conjunción de la tormenta Filomena más una ola de frío, van a darnos un primer trimestre del año plano o, incluso negativo en términos de crecimiento intertrimestral, sobre un cuarto trimestre del año pasado peor de lo previsto. Eso llevará las cifras sobre el crecimiento del PIB más cerca del 5,4% previsto por la Comisión Europea, que del 9,8% que comunicó el Gobierno a Bruselas asumiendo un gran impacto de los fondos europeos, ya este mismo año. De hecho, la vicepresidenta Calviño empieza a hablar en sus entrevistas de un crecimiento para este año «en el entorno del 7%» que, aun siendo optimista, no permite recuperar los niveles previos a la pandemia. Pero lo peor es que no se acaba de ver cuáles serán los impulsores de la recuperación este año. La política económica del Gobierno no tiene como prioridad impulsar la actividad económica tras la pandemia. Las medidas adoptadas hasta ahora son reactivas, de contención de daños y, como mucho, han conseguido tapar los agujeros provocados por el virus. Pero ni global, ni sectorialmente, se han aprobado medidas para reactivar la actividad, cuando se pueda, en aquellas actividades que son, hoy por hoy, los motores de nuestro crecimiento económico y que son, también, las que están sufriendo más con las restricciones a la movilidad. Hay una especie de confianza ciega en el automatismo del ciclo. En que el ahorro forzoso embalsado hoy por las familias y que está en máximos históricos, dispare el consumo conforme la regresión de la pandemia lo vaya haciendo posible, es decir, hacia la segunda mitad del año. Sólo la política de vivienda, donde se han incrementado inversiones para quintuplicar las rehabilitaciones y el fomento del alquiler social se pueden considerar medidas activas en favor de la reactivación económica sectorial, aunque dejen fuera de apoyo, por razones incomprensibles, los incentivos a la compra de vivienda nueva que tanta falta hace para el segmento de jóvenes. El discurso oficial parece fiar toda la política activa de reactivación, a los Fondos Next Generation EU. A medio plazo, es una buena estrategia ya que nunca habíamos visto una inyección inversora publica de tal magnitud.

Pero en el corto plazo se plantean problemas serios que el Gobierno parece no estar contemplando. Aun aceptando que vayamos a ser capaces de absorber la totalidad de los mismos, es difícil pensar que su efecto dinamizador empiece a notarse ya este año por las dificultades que encierra su puesta en marcha. Tanto los procedimientos comunitarios como los previstos en el decreto ley aprobado por el Gobierno son de gran complejidad vinculada, en parte, a lo novedoso de la iniciativa y, en otra parte, a los poderosos sesgos de una administración multinivel muy burocratizada y muy escaldada por los casos de corrupción que están en los tribunales. No deberíamos, pues, esperar este año crecimientos importantes de la inversión relacionados con estos fondos. Pero hay más. La filosofía de los Fondos no es reactivadora de la actividad a cualquier precio. Están pensados para ayudar a reformar los sectores económicos impulsando la digitalización y la transición ecológica. Dos objetivos loables y necesarios, pero que imponen una reconversión industrial que puede expresarse como destrucción creativa de empresas que, junto a la deslocalización, puede ser letal sobre el tejido productivo. Un ejemplo: ¿Seguirán los cuatro grupos automovilísticos mundiales produciendo en España los casi tres millones de coches que hacemos ahora, cuando tengan que ser eléctricos y de emisiones cero? Nada lo garantiza. Para ello, hay que hacer cosas que, de momento, no se están haciendo. En el itinerario, a lo largo del recorrido hacia el paraíso del nuevo modelo productivo, podemos encontrarnos con que este año y en el próximo, se suman las quiebras empresariales por la pandemia y los cierres por la reconversión verde y digital. Un panorama nada alentador, que no es inevitable. Pero para ello, el Gobierno debería anticiparse, hacer caso ya a Draghi y a todos los que le estamos pidiendo ayudas directas a pymes y autónomos junto a medidas de reactivación sectorial, aprovechando que, ahora, está financiando la mitad de sus emisiones de deuda a tipo negativo. El año que viene, igual es tarde. Porque esto, está peor de lo que parece.

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