Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero en el caso de la Ley de la cadena alimentaria puede y debe serlo. Corría el año 2013 cuando el ministro Miguel Arias Cañete, empujado por el clamor del campo, aprobó una ley que pretendía reequilibrar las fuerzas que intervienen en la formación de precios de los productos alimentarios, especialmente los perecederos. Sin embargo, el primer borrador consensuado con las organizaciones agrarias sufrió severas podas por parte de las autoridades de Competencia y la normativa que acabó finalmente impresa en el BOE resultó tan descafeinada como inútil para acabar con los abusos comerciales. Varias campañas ruinosas después y con todo el sector agrario valenciano, español y europeo en pie de guerra, el actual ministro Luis Planas dejó de hacerse el sordo hace un año y empezó una reforma legislativa que, de nuevo, trata de lograr un reparto más justo de los beneficios en una cadena donde algunos eslabones ganan, y mucho, mientras los productores pierden.
Esta semana nuestro presidente de Asaja, Pedro Barato, y otros representantes del campo hemos dejado claras nuestras reivindicaciones en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados que está estudiando necesarias mejoras en una segunda fase de esta reforma. Los organismos públicos, empezando por el Ministerio de Agricultura, no tienen excusas para no establecer índices de referencia de los costes de producción. Disponen de suficientes estudios de universidades, centros de investigación y consejerías de Agricultura. El coste económico es irrelevante, tan solo depende de una voluntad política real. Sin esa referencia oficial, sin esa transparencia, el productor seguirá indefenso y, a medida que aumentan las tierras sin cultivar, el consumidor dependerá cada vez más de alimentos foráneos que no cumplen los máximos estándares fitosanitarios y ambientales de la producción europea.
Mientras los políticos de España hablan de promesas que están por ver, otros actúan de manera contundente en defensa de sus agricultores. El gobierno italiano ha destinado mil millones de euros a medidas extraordinarias para el sector agrario, entre ellas la exención del IRPF y de las cotizaciones a la seguridad social y créditos a interés cero. La coalición de gobierno en Alemania también ha acordado un paquete de ayudas de mil millones para inversiones agroambientales. Unos hablan de sostenibilidad, otros actúan para garantizarla.
