Luis Planas Puchades (València, 1952), camino de la próxima reunión en Bruselas del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea -que se celebra mañana- hace parada en su tierra natal (es andaluz de adopción), antes de subirse al avión que le llevará a la capital de la UE. Dice que ultima el plan estratégico de España para la Política Agraria Común (PAC) del período 2023-2027, ese que tanto preocupa al sector por las peculiaridades de un escenario que priorizará las prácticas más beneficiosas para el medio ambiente a la hora de repartir las ayudas en España (unos 47.000 millones de euros). Planas, ex jefe de gabinete del otrora Comisario de Economía Pedro Solbes, afila artes diplomáticas (ha sido embajador de España en Marruecos) para que los pequeños agricultores «sigan cobrando ayudas de la UE». Trabaja para marcar excepciones a la obligatoriedad de que todos los agricultores, incluidos los que están a «tiempo parcial», tengan que cotizar como autónomos.
Se habla mucho estos días de la derogación de la reforma laboral de 2012. La que decretó el PP de Rajoy. Y que el Gobierno propone penalizar a las empresas que abusen de la rotación de trabajadores temporales. ¿Eso afectaría mucho al campo, no?
Defenderé intereses particulares del campo, donde hay elevadas tasas de eventualidad por las circunstancias de la producción o la climatología. Son cuestiones externas. Pienso que hay que reducir el excesivo número de modalidades de contratación, si bien las actividades de recolección y manipulado requieren tipos de contratos más matizados o modulados. La agricultura es uno de los sectores más específicos que tiene la economía.
Industrias alimentarias y gran distribución, ¿se esfuerzan por evitar que parte de la comida acabe en el cubo de la basura? España es el séptimo país de la UE donde más alimentos se tiran.
Eso se propone el proyecto de ley presentado por el Gobierno. Sin duda, es una necesidad desde el punto de vista económico, medioambiental y ético. Ahora bien, el 40% del desperdicio alimentario se genera en los hogares, otro 40 % en las industrias, un 15% en la hostelería y sólo un 5 %, en las empresas de distribución. Lo que pedimos es tener un plan establecido sobre qué hacer con aquellos alimentos que no reúnen condiciones para ser comercializados; o bien, que pudiendo ser vendidos no sean atractivos. Son lo que denominamos ‘productos feos’. En el caso del plátano de Canarias ya se ha aprobado una orden sobre normas de comercialización en ese sentido.
Los costes de explotación se disparan en el campo: energía, carburantes, fitosanitarios... ¿Prevé recortes de producción este próximo año?
Es preocupante el incremento del precio de la electricidad o de los fertilizantes, entre otros. Con todo, según informes del economista jefe del Banco Central Europeo esos precios podrían bajar en los próximos meses.
También sube el IPC y esos incrementos de costes no se trasladan a los precios que perciben los prodcutores en origen, donde crecen las pérdidas y aumenta el abandono de cultivos. ¿Teme nuevas movilizaciones como las históricas de 2019?
No soy quién para opinar de las reacciones del sector. Considero que la reivindicación de precios dignos es justa porque nadie hace una actividad empresarial sin obtener un beneficio, por pequeño que este sea. Para eso se puso en marcha la Ley de la Cadena Agroalimentaria, que prevé aprobar el Senado a finales de diciembre. Prohibirá la ‘venta a pérdidas’.
¿Cómo garantizar el llamado ‘coste efectivo de producción’?
Si se venden productos por debajo de los costes de producción esos contratos son nulos de pleno derecho. En el caso del sector lácteo, cuya cadena de valor es más vulnerable y los márgenes inferiores , hay un serio riesgo para muchas explotaciones de carácter familiar y profesional. Por eso el Gobierno ha reiterado a la industria y a la distribución que examine la situación derivada del aumento de los costes de producción por los piensos: haba de soja o cereales. Lo mismo se hará con otros productos del campo.
¿Habrá problemas de desabastecimiento por los ‘cuellos de botella’ en la cadena logística mundial, el alza del precio de los fletes marítimos o la escasez de contenedores vacíos en los puertos?
Según la OCDE, España y Canadá fueron los países donde mejor funcionó la cadena alimentaria durante los duros tiempos d e la pandemia. No temos problemas de desabastecimiento. La crisis del coronavirus nos dio lecciones. Ahora bien, en el Consejo de la UE pienso plantear que se establezcan planes de contingencia para garantizar el abastecimiento en situaciones críticas tal como prevé la UE en asuntos relacionados con la defensa, seguridad o energía. En los últimos días todos los indicadores muestran que está bajando el coste del transporte marítimo en contenedores.
Algunas autonomías proponen tasas a los productos azucarados. ¿Qué piensa?
Es una decisión fiscal de Hacienda y existen en otros países europeos. No es una novedad. Se imponen por cuestiones de salud y criterios sanitarios, especialmente respecto de los jóvenes. Creo que deber ser un caso excepcional.
¿Qué balance hace de este primer año de brexit y de su impacto en el comercio exterior agroalimentario de España a Reino Unido?
Globalmente vamos a mantener los niveles anteriores. En el primer semestre las exportaciones se han elevado a 4.100 millones de euros, de los que la mitad son frutas y hortalizas. En volumen se ha caído sólo un 3% pero en valor económico hemos crecido un 7%. Conseguiremos mantener los flujos. Reino Unido sí ha retrasado los controles suplementarios de carácter fitosanitarios porque no estaba preparado técnicamente para ellos. Estamos apostando por la continuidad del comercio exterior porque el primero que necesita abastecimiento es el Reino Unido y quien está en condiciones de dárselo, en cantidad y en calidad, es la UE .
Toca revisar el acuerdo comercial de la Unión Europea con Sudáfrica sellado en 2016. El Gobierno de España ha pedido la consideración de producto «muy sensible» para los cítricos. ¿Tendrá efecto?
La ministra de Industria, Comercio y Turismo y yo mismo hemos enviado una carta conjunta al vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Comercio y al Comisario de Agricultura sobre este tema. Así lo voy a exponer en mi intervención en el Consejo de Ministros de Agricultura. Somos los mayores productores de cítricos de la Unión Europea e incluso de otros países de fuera. Nuestra pretensión es muy sencilla: mantener al menos la cuota de mercado en la que nos situamos hoy. Los acuerdos con países terceros tienen que tener en cuenta que deben hacerse respetando nuestros productos más sensibles, como es el caso de los cítricos.
La Comunitat Valenciana es la que más fondos percibe por parte del Ministerio para la lucha contra las plagas (6 millones d e euros) y también la que más invierte en ese capítulo (26 millones). Tanto desde el sector como desde la conselleria se demanda al ministerio que aumente la dotación.
Destinamos muchos recursos a la lucha contra las plagas. Todos los temas de sanidad vegetal y animal son competencia de las comunidades autónomas. Nosotros efectuamos una coordinación en aquellas enfermedades o plagas que superan el ámbito de la comunidad autónoma. Apoyamos financieramente a las comunidades autónomas.
¿Podría entenderse que para esta campaña tampoco se impusiera el tratamiento de frío para las importaciones de terceros países?
Hasta ahora, el Comité Permanente Fitosanitario de la UE consideraba que no era necesario; es decir, que se podían utilizar mecanismos equivalentes. Sin embargo, por primera vez en la reunión que tuvo lugar en el mes de octubre, en Bruselas, ese organismo, a requerimiento de España, analiza la posible modificación de las normas y la imposición de la importación en frío. Eso me parece un paso adelante muy importante.
Renace Intercitrus. ¿Cómo ve el papel de esta interprofesional tras años de parálisis?
Me alegro. Sin interferir en su labor sería bueno una mayor implicación en competencias comerciales con países terceros, en la búsqueda de nuevas variedades o en el impulso de campañas de promoción. La interprofesional debería pesar más. Hace veinte años que no acomete una campaña de promoción. Mientras, el ICEX y el Ministerio de Agricultura llevan a cabo en este momento una campaña de promoción, por importe de 400.000 euros, en Canadá, que es un mercado muy interesante para el sector de frutas.
¿Establecerá España un tope económico en las futuras ayudas de la PAC?
Por supuesto. Está decidido. Serán 100.000 euros, con la posibilidad de descontar los gastos laborales y de Seguridad Social. No son muchos los que en España perciben esas cantidades. Hemos identificado tres vías de acceso para ser perceptor de esta PAC: la posibilidad de estar dado de alta en el Régimen Especial Agrario como autónomo de la Seguridad Social, lo cual implica tener el mínimo del 50 % de los ingresos, según constata la regulación legal y el régimen de autónomos agrarios. La segunda vía es la posibilidad de tener un mínimo del 25% en el conjunto de los ingresos de la actividad agrícola y ganadera. Y la tercera es la que afecta a pequeños perceptores que cobren un máximo de 5.000 euros en ayudas de la PAC anualmente.
La inquietud cunde en el sector con la estrategia conocida como ‘De la granja a la mesa’. Teme las consecuencias de la nueva PAC más verde.
‘De la granja a la mesa’ supone un esfuerzo en favor de una menor utilización de fitosanitarios, fertilizantes y plaguicidas, así como de reducción del uso de los antibióticos en la alimentación animal. Todo eso significa, evidentemente, mayores costes y e n algunos casos, incluso una menor producción. Por tanto, subimos el listón desde el punto de vista del mercado comunitario y mi posición es bien sencilla. La defendemos con mucha vehemencia España y Francia. Y no podemos permitir que productos prohibidos en la Unión Europea desde el punto de vista fitosanitarios entre en nuestros mercados. A nadie se le ocurre importar un televisor o un enchufe producido fuera de la UE que no respete las normas técnicas.
¿Se obligará a todos los agricultores a cotizar como autónomos?
Estamos en conversaciones con el Ministerio de Inclusión Social para clarificar las excepciones a la obligación de cotizar como autónomo a todo el que tenga ingresos por su explotación agraria; entre ellos a los agricultores para los que el campo no sea su actividad principal. Confiamos en que en los próximos días se pueda concretar esta aclaración.
