Un escalofrío recorre los campos de almendros de la Comunitat Valenciana. La recolección ha comenzado y lo que atisban los productores es que hay menos fruto pero también, en contra de lo que dicta la ley de la oferta y la demanda, que los precios están bajos. La mayoría de organizaciones agrarias coinciden en que la cosecha de almendras en la Comunitat Valenciana disminuirá este año en un 50 %, aunque se trata de un porcentaje inferior al 70 % en que la Unió de Llauradors cifra el descenso en la media española. La entidad cree que las provincias de Valencia y Alicante podrían situarse en una caída del 60 %.
En paralelo, las cotizaciones no están respondiendo en la misma magnitud. Y es que, según la Unió, el precio medio que percibe un agricultor valenciano en esta campaña es «ligeramente inferior» al que cobraban en la anterior. De ahí que esta organización cifre en 17 millones las pérdidas que va a sufrir el sector.
Dos cuestiones son claves a responder. En primer lugar, por qué la producción ha sufrido una merma tan considerable. En segundo, por qué los precios no suben. El responsable de frutos secos de la Unió de Llauradors, Ricard Beltran, asegura a este diario que la respuesta a la primera cuestión se encuentra principalmente en la climatología. Ha sido un año, este 2022, en el que han coincidido las heladas por la borrasca Ciril en abril, el impacto de la sequía, «las lluvias previas y la falta de horas de sol. Todo ello, ha provocado esa importante reducción».
Un dato es revelador de la situación. Las indemnizaciones que abona Agroseguro por los daños estimados en las cosechas de frutos secos en España alcanza los 45 millones de euros, el doble que en 2021. La entidad precisa que la superficie siniestrada en el país se ha situado en las 55.000 hectáreas, lo que supone que el 73 % de la superficie asegurada ha sufrido algún tipo de percance en la última campaña. En un comunicado, añade que en los últimos cinco años las indemnizaciones han pasado de 2,9 millones a los citados 45 al tiempo que ha crecido el número de parcelas con pólizas de protección, singularmente en el almendro, «lo que evidencia los severos efectos del cambio climático».
Inflación
A esta merma hay que añadir los efectos de la inflación, como apunta la responsable de la sectorial de frutos secos de la UPA, Francisca Iglesias, quien, según Efeagro, asegura que muchos productores han decidido no meter las máquinas de cosechar porque no les compensa con el alza de los costes de la electricidad y el gasóleo.
Precios
Y por si esto no fuera suficiente, los productores de almendras se enfrentan a unos precios que no responden como deberían a la menor producción. Tampoco ofrecen una explicación clara, porque afirman no tenerla. Ricard Beltran apunta que «no suben porque no les interesa a los grandes comerciantes, que en España son cinco o seis» y deja caer la opción de que se esté produciendo «un pacto de precios», antes de añadir que España, con 96.000 toneladas de producción es deficitaria, aunque exporta 115.000. «Traen almedra americana», añade. Las cotizaciones de todas las variedades son inferiores a las de hace un año y, según el director técnico del sector de frutas y hortalizas de Asaja, José Ugarrio, están por debajo de coste. La marcona se paga a entre 6,90 y 7,40 euros el kilo de pepitas, frente a los 6,55/6,80 de hace un año. La variedad comuna cotiza en las lonjas de Reus, Murcia y Albacete a entre 3,5 y 3,9 euros por kilogramo, también por debajo de los 3,75 y 4,05 de la campaña de 2021. La peor parada es la almendra ecológica, que ha pasado de un rango de 8,40/ 8,75 euros el año pasado a otro de 7,43/7,70. En la citada organización agraria recomiendan a los productores que «aguanten» y no entreguen la almendra hasta que no haya una mejor cotización, según Efeagro.
Propuestas
Beltrán, por su parte, propone que las empresas transformadoras permitan que el agricultor participe de los rendimientos que ofrece la cáscara de la almendra para la fabricación de biocombustibles como los pellets y así elevar sus ingresos en torno a los dos euros por kilo. Se trataría de que el productor fuera retribuido con un porcentaje de entre el 30 % y el 40 % del dinero que les reporta a los operadores comerciales. Asimismo, la Unió de Llauradors reclama ayudas directas para los productores «en zonas de cultivo tradicional», que cifra en unos 125 euros por hectárea.
