La corrupción derribó el Gobierno de Mariano Rajoy y empujó al PPCV a la oposición tras dos décadas de mayorías absolutas. La corrupción y el fraude han copado titulares a lo largo de esta agitada legislatura y, según el CIS, hoy por hoy sigue siendo el segundo mayor problema que tiene España. La corrupción, sin embargo, es la palabra ausente en los programas electorales del PP tanto en el ámbito nacional como el autonómico.
Un silencio que evidencia lo complicado que resulta para los populares acercarse a una cuestión que todavía salpica a muchos de sus referentes. El programa electoral de Pablo Casado dedica un apartado a la «transparencia y regeneración», en el que, sin referencias al contexto pasado o presente, aboga por reforzar la transparencia y los controles.
Con todo, la financiación irregular, el pecado principal por el que este partido ha tenido que penar, figura en el documento. Casado se compromete a reformar la financiación de los partidos políticos para «acentuar la transparencia de sus cuentas, hacer un mayor control de los préstamos que recibe».
El documento recoge también una iniciativa que puso en práctica el Botànic con el rechazo del PP. Así, a la manera de la ley de lobbies impulsada por la Conselleria de Transparencia, los populares prometen aprobar «una regulación de la actividad de los grupos de interés mediante el registro de profesionales y empresas». El objetivo, añade, es dar mayor transparencia a su acceso a políticos, legisladores y empleados de las Administraciones Públicas. Una idea que recuerda a la ley reguladora de los grupos de interés en la Comunitat Valenciana. Los populares pidieron retirarla.
El programa autonómico de Bonig tampoco recoge el término corrupción, a diferencia del 2015 de Alberto Fabra, con referencias expresas y medidas contra los imputados. Ahora prefieren hablar de compromiso político y buen gobierno. No aparece la supresión de la Agencia Antifraude y las medidas se centran, sobre todo, en aumentar los controles en contratación e incompatibilidades, así como en auditorías en el sector público. Se plantea reforzar la Intervención General y la Abogacía.
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