A 24 horas de arrancar oficialmente la campaña electoral de las elecciones autonómicas 2019 en la Comunidad Valenciana, los partidos políticos valencianos llevan días desgranando su programa electoral y lanzando propuestas a diestro y siniestro que transcurren entre la realidad y la ficción. Y es que algunas de esas promesas parecen más propias de la época de las vacas gordas (cuando todavía el pinchazo de la burbuja inmobiliaria no había roto el sueño de la prosperidad) que de la etapa actual sujeta a los rigores presupuestarios.
La crisis económica afectó de forma particular a una Comunitat Valenciana que había unido su suerte a la del ladrillo. El lastre de la deuda acumulada (más de 47.000 millones de euros), el déficit público, la falta de liquidez y la infrafinanciación crónica siguen formando parte de la pesadilla financiera de los gestores públicos (los del Botànic y los de la última etapa del PP), pero no parece estar condicionando sus programas electorales. Todos los candidatos a presidir la Generalitat sin excepción han puesto encima de la mesa propuestas que, en principio, desafían los rigores presupuestarios o encajan mal con la realidad de la administración. En ocasiones, incluso son iniciativas que escapan a las competencias autonómicas, como es la idea de la candidata Mónica Oltra de implantar las 32 horas semanales.
La veda del gasto la abrieron al alimón los socios del Consell: PSPV y Compromís con dos propuestas dirigidas al ámbito educativo, pero cuya concreción se antoja complicada. Vicent Marzà (Compromís) prometió comedor gratuito para todos los escolares, mientras que el presidente Ximo Puig habló de asumir con fondos públicos las matrículas de las universidades para aquel alumnado que apruebe todas las asignaturas. Aunque la Conselleria de Educación que dirige Marzà defiende que su propuesta es asumible, lo cierto es que en la actualidad las becas a comedores llegan a 127.000 escolares y de estos sólo 44.000 tienen la ayuda competa. Extender la gratuidad a todo el alumnado se antoja delicado teniendo en cuenta las estrecheces presupuestarias, lo mismo que la promesa de Puig del todo gratis en las matrículas universitarias.
180 millones para educación
El coste de estas promesas supera los 180 millones, un dinero extra que sumar a todas las obligaciones de gasto que ya tiene el departamento educativo y que asume a duras penas. Compromís defiende la tesis de que también parecía imposible y, se logró, la gratuidad de los libros de texto, mientras que el PSPV-PSOE se agarra a que el documento tiene memoria económica. En el ámbito educativo, también parece un futurible colegios públicos con el 80 % de clases en inglés.
Podemos, en principio más contenido, tampoco ha renunciado a incluir en su programa propuestas de impacto social, pero de dudosa asunción por parte de los servicios públicos. Así, los podemistas platean salud bucodental gratuita, una idea que hace muchos años llegó a plantear (y no cumplir) el PP.
Pero si con estas propuestas de gasto la izquierda se despega de la realidad, al centro derecha le ocurre lo mismo con sus rebajas fiscales y sus recortes al aparato administrativo. Así, los populares han planteado una revolución fiscal que implica la supresión o reducción de impuestos y cuyo impacto en las arcas públicas también se antoja imposible: 900 millones menos en la recaudación para un presupuesto al que como mínimo le faltan cada año más de 2.000 millones de euros para cuadrar ingresos y gastos. Los populares anuncian además toda una serie de nuevas bonificaciones fiscales, mientras la infrafinanciación sigue sin resolverse.
Tampoco parece pegada a la realidad, la propuesta de Toni Cantó (Ciudadanos) de reducir a siete las conselleries habida cuenta el volumen de competencias que se gestionan. Además, en caso de gobernar, habrá que repartir departamentos con uno o dos socios, gane el bloque de la derechas o el de la izquierda. Lo mismo ocurre con el número de asesores que Cantó plantea reducir.
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