Medio Ambiente: de la modernidad a la absoluta prioridad

Hubo un tiempo en que las cuestiones relacionadas con el medio ambiente se asomaban a las campañas electorales como un simple rasgo de modernidad. El debate se ceñía prácticamente al incremento de la polución en las grandes ciudades y a los peligros que representaban las centrales nucleares, sobre todo a raíz del accidente de Chernóbil (1986). La desatención que sufría por entonces la conservación del planeta, a pesar de que ya en los 80 los científicos advertían seriamente de la rapidez con que se deterioraba la capa de ozono, impulsó en buena parte el surgimiento de los movimientos ecologistas y los partidos políticos llamados verdes en el centro y norte de Europa. Hoy, en cambio, iluminados aparte, no existe un solo programa electoral que no reserve un hueco importante a las medidas destinadas a frenar los múltiples daños ya provocados y, en la medida en que sea posible, revertirlos.

Los datos científicos no dejan fisuras, y la evidencia de estar inmersos en un cambio climático de alcance desconocido provoca que la sociedad en su conjunto reclame una atención a la sostenibilidad impensable hace 40 años. Las dudas sobre la delicada situación a la que se ha conducido al planeta no existen, pero eso no es un obstáculo insalvable para el negacionismo. De hecho, cuando sus adeptos deciden inventar mundos desconocidos y universos paralelos, arraigan –minoritariamente siempre– las teorías más disparatadas de manera más intensa cuanto más meridiano resulte el hecho a cuya reinterpretación dedican sus esfuerzos.

Frivolidades y 'boutades'

¿Significa eso que la frivolidad ya no cabe cuando se habla en campaña de lo verde? En Canarias, desde luego. Hasta la fecha no han aterrizado por el Archipiélago boutades del tamaño de la enarbolada por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), que, en abril, responsabilizó al «fanatismo climático» de sus oponentes, traducido en impuestos contra la contaminación, de una llegada de inversión foránea menos intensa de la que podría cristalizar.

Esta misma semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP) se descolgó con la propuesta de poner una planta en cada balcón cuando se le preguntó por el asunto. En las Islas, estos patinazos –calculados o soltados a la carrera– no tienen sitio. Primero por el alto grado de protección que disfrutan y segundo, porque si de algo se nutre el turismo –columna maestra del edificio económico canario– es de la conservación del territorio. Lo presiona, sí, como lo hacen la práctica totalidad de las actuaciones del hombre, pero la industria alojativa sabe que no puede apretar en demasía o se caerá del catálogo que seduce a los viajeros.

Cuánto puede alargarse la discusión sobre galgos y podencos mientras las chimeneas expulsan humo negro, y denso

El cortoplacismo en el que se desarrolla el cuerpo a cuerpo político tampoco tiene sitio ya, aunque sí es cierto que mientras en unas orillas ganan adeptos unas iniciativas en pos de la sostenibilidad, en otras aún consideran que no ha llegado el momento. Por ejemplo, la ecotasa era cosa exclusiva de la Nueva Canarias (NC) de Román Rodríguez. Ahora también sus socios del PSOE parecen sumarse al carro con más firmeza que antaño.

El consenso no existe

Más claro aún. La urgencia por el cuidado del medio ambiente coloca hitos a alcanzar en exigentes plazos de tiempo. Incluso inspira macronormas como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada en las últimas semanas del año pasado por el Parlamento de Canarias. ¿Habíamos dicho que la cuestión era seria y urgente? Solo los partidos con presencia en el Ejecutivo autonómico –PSOE, NC, Podemos y ASG– la apoyaron, la oposición al completo no dio el visto bueno. El texto legislativo contempla la casi completa descarbonización del Archipiélago en 2040 o la obligación de dedicar el 2% del producto interior bruto (PIB) de las Islas a la sostenibilidad por todos los caminos en que pueda contribuirse a ello.

El margen de mejora es aún de grandes proporciones. Mientras el sistema eléctrico canario solo cubre la quinta parte de la demanda con energías verdes, en la Peninsular van ya por la mitad (47,7%). En la necesidad de imprimir velocidad a la llegada de soluciones han encontrado un nuevo campo de batalla las formaciones políticas y los movimientos ecologistas. El llamado metaecologismo ha cambiado la tradicional aspiración de ver cómo las energías limpias sustituían a los combustibles fósiles en la generación eléctrica por unas nuevas demandas que tienen en la mira a las multinacionales del sector, prestas a virar hacia la sostenibilidad ante la evidencia del agotamiento del viejo modelo contaminante.

Reivindicaciones de segunda vuelta

El propio presidente del Cabildo de Gran Canaria y aspirante a serlo por tercera ocasión consecutiva, Antonio Morales (NC), ha padecido estas reivindicaciones de segunda vuelta. Fuera de toda duda su apuesta por la sostenibilidad a lo largo de su vida política –especialmente evidente al oponerse a la entrada del gas natural como alternativa al, más sucio, petróleo–, ha tenido que enfrentarse a movimientos ciudadanos que rechazan la construcción de Salto de Chira, la gran pila que permitirá caminar hacia la consecución de los objetivos de disminución de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases nocivos para la atmósfera.

Cada avance hacia las soluciones demandadas conlleva ahora la aparición de un nuevo debate. Fuerteventura y Lanzarote son especialmente sensibles a ello. Las aves, la población afectada o el paisaje, entre otros, son los bastiones a defender, y los políticos saben que el nicho de votos no es prescindible cuando se trata de batallas medioambientales. El reto al que se enfrentan es saber hasta dónde puede alargarse la discusión sobre galgos y podencos mientras las chimeneas de las centrales eléctricas continúan expulsando humo negro, y denso.

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