La emergencia habitacional en València va en aumento. Por ello, desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) València exigen, a quien gobierne la ciudad tras las elecciones municipales, la elaboración «de un plan de choque contra la emergencia habitacional, con una convocatoria de un mes para presentar en el pleno municipal como un programa común de gobierno». Y es que la entidad no quiere promesas incumplidas ni compromisos que quedan en agua de borrajas.
Y para que no haya lugar a dudas, la PAH València desgrana qué debería incluir ese plan de choque. «En primer lugar hay que crear una Unidad de Emergencia habitacional que implica clarificar y coordinar las competencias y la gestión de emergencia habitacional entre las diferentes concejalías; dotar de recursos humanos y económicos esa unidad para desarrollar funciones internas y externas así como el desarrollo de los procedimientos necesarios (viviendas de Servicios Sociales, de Vivienda, de Aumsa...); y establecer un mecanismo ágil y rápido para reubicar a los afectados por casos de desahucio inminente, así como involucrarse en la paralización de los desalojos».
La creación de esta unidad habitacional debería ir acompañada de la adopción de una serie de medidas prácticas para hacer frente a la emergencia. Entre estas medidas, la PAH destaca «hacer estudios para conocer con transparencia la dimensión exacta, presente y futura, del problema de la emergencia habitacional, es decir, los casos de moratoria, fin de alquileres sociales, nuevas ejecuciones, atención a la ocupación de buena fe, desahucios 'silenciosos'... y también disponer de viviendas y ayudas necesarias». Para disponer de viviendas y ayudas necesarias, la entidad exige «aumentar el presupuesto de vivienda, gastarlo por completo y dar prioridad a la emergencia habitacional para desarrollar programas de vivienda asequible. Nosotros concretaríamos un compromiso del 10%».
Además, la entidad exige «comprar viviendas para aumentar el parque público -usando el tanteo y retracto de viviendas que han tenido ayudas-, el estudio de expropiación obligatoria del uso de viviendas del 'banco malo' y las entidades rescatadas; recuperar la vivienda propia y recoger las aportaciones desde la Generalitat Valenciana y el Estado; y establecer un sistema de incentivos fiscales para aquellos propietarios que cedan sus vivendas en alquiler para alquileres sociales gestionados por la Administración».
Respecto a los alquileres, la entidad propone «un aumento de las ayudas, control y precios de referencia». Además, la PAH exige un seguimiento de los «fondos buitre y Socimis en barrios para evitar la especulación, así como diseñar proyectos urbanísticos para reforzar el tejido social y las viviendas de nuestros barrios».
La PAH exige la colaboración de las administraciones para desarrollar la Ley de la Función social de la Vivienda «empezando por la coordinación de la Unidad de Emergencia con la Mesa de Emergencia y la EVha». «Necesitamos un gobierno local que no dilapide ni un céntimo del presupuesto, que sea eficiente y con la mayor economía de medios para evitar un incremento injustificado del gasto público, especialmente en altos cargos, directivos... Necesitamos que los impuestos de la ciudadanía se destinen prioritariamente a necesidades sociales, entre ellas, acabar con la emergencia habitacional y pobreza energética».
Así, la PAH València exige «el aumento necesario de presupuestos y medidas para hacer frente a la emergencia habitacional; el estudio de la expropiación forzosa o cesión obligatoria de la Sareb, Bankia y banca rescatada, la despenalización de la ocupación de las personas en situación de exclusión social y la conversión de viviendas ocupadas en alquileres sociales» como medidas prioritarias.
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