La fama de Curro Jiménez, aquel bandolero "bueno" que hace doscientos años robaba a los ricos para ayudar a los pobres, parece querer ganársela ahora un político, también andaluz, que este verano se ha propuesto abanderar la oposición a los recortes asaltando supermercados o allanando hoteles de lujo.
Alcalde de Marinaleda (Sevilla) por IU desde 1979 y diputado autonómico, Juan Manuel Sánchez Gordillo lleva semanas acaparando los medios de comunicación y defendiendo que sus acciones son formas pacíficas de protestar para defender "al pueblo", versión con la que discrepan la mayoría de los jueces y fiscales consultados por Efe, que las califican de delito.
Sin embargo, también hay voces que defienden que son meros actos de crítica política como las de Jueces para la Democracia (JpD) y la del exdirector de Greenpeace-España y fundador del partido Equo, Juan López de Uralde, que en 2009 desplegó junto a otras personas una pancarta -"Los políticos hablan, los líderes actúan- en la cumbre de líderes mundiales de Copenhague.
Para la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) es "claro" que puede haber robo con violencia y coacciones.
El portavoz de la APM, Pablo Llarena, ha dicho que llevarse comida de un supermercado "sin el consentimiento de su dueño y desplegando violencia", ya que de no haberse ejercido los empleados lo hubieran impedido, "tiene una calificación clara" en el Código Penal y es delito de robo con violencia.
Igual opinión tiene el presidente del FJI, Ángel Dolado, para quien los asaltos fueron un "delito claro" de robo con fuerza o intimidación, y no se produjo hurto famélico -cuando se roba para comer-, delito que está exento de pena. Dolado ha asegurado que aunque el alcalde de Marinaleda es aforado, es un ciudadano que también "está sometido a la ley".
Estas ideas son compartidas por el presidente de la AF, Antonio Roma, que ha dicho que nuestro ordenamiento "no tolera" esas sustracciones con la disculpa de que es para dar de comer a otros, y ha matizado: "la generosidad está muy bien pero empezando por uno mismo".
La presidenta de la UPF, María Moretó, ha comentado que desde el punto de vista jurídico "las vías de hecho nunca son buenas porque esto se convertiría en la ley de la selva". "Se puede hablar por lo menos de coacciones", ha afirmado Moretó, para quien la actitud de Sánchez es "poco ejemplarizante".
Por contra, el portavoz de JpD, Joaquim Bosch, ha valorado que los que se llevaron carros de comida lo hicieron como "crítica política" y de forma "puntual". "Es desproporcionado que un tema político pueda compararse con la delincuencia en otros ámbitos", según Bosch, que ha recordado el "enorme fraude fiscal que está provocando graves perjuicios para la economía nacional".
Similar juicio tiene Juan López de Uralde, que ha señalado a Efe que cree que en el trasfondo de las iniciativas de Sánchez Gordillo y el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) está "llamar la atención sobre un problema social indudable" al igual que en las de Greenpeace por cuestiones ambientales.
