Los afectados por el volcán de La Palma lo logran: arranca la tramitación parlamentaria de la Ley de Volcanes de Canarias

Canarias podría tener su primera Ley de Volcanes antes de final de año. A través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja, 19.177 canarios han respaldado con su firma –aunque solo era necesario que lo hicieran 15.000– un texto en el que se blindan los derechos de los damnificados de erupciones volcánicas. Esta mañana las rúbricas han sido entregadas en el Parlamento de Canarias y los proponentes han recibido el visto bueno del Consejo Consultivo. "Hoy es un día muy significativo para nosotros, hemos entregado las firmas y ahora se inicia una tramitación que, esperamos, termine pronto en la aprobación por unanimidad de la ley", celebraba esta mañana Juan González Martín, portavoz de la comisión promotora de la ILP.

Una vez entregadas las firmas, el diputado del Común deberá validarlas y, a partir de entonces, se creará una comisión integrada por todos los partidos con el objetivo de mejorar la norma. Los proponentes esperan que la iniciativa se vote el 13 de diciembre de 2023, que sería "una fecha significativa de aprobación porque el 13 de diciembre de 2021 fue el día en que el volcán dejó de expulsar lava".

La Plataforma de Afectados cree que la Ley de Volcanes se aprobará con el apoyo de todas las fuerzas por el carácter apolítico de la misma: "Esta ley no es de nadie, parte del pueblo y sigue hacia arriba". No obstante, los proponentes aseguran que se han encontrado en algunas fuerzas "más tibieza que en otras" e incluso algunos representantes políticos "creían que no íbamos a lograr las firmas necesarias y ahora están rechinando". La ILP se encuentra íntegramente publicada en una web creada a tal fin y en la que la ciudadanía ha podido presentar de forma libre sus aportaciones.

El Consejo Consultivo ha advertido a la plataforma de que todo aquello que esté fuera del marco competencial de la comunidad autónoma no cabe en la ley. Por ello, los afectados señalan que las materias de índole estatal deberán negociarse en otros ámbitos, como la modificación de la Ley de Expropiación, que hasta ahora no contempla los procesos volcánicos dentro de la categoría de catástrofes naturales.

La recogida de las 19.177 firmas comenzó el 19 de mayo de este año y se prolongó hasta el 19 de septiembre. Casi 80 personas estuvieron presentes, de forma altruista, en las mesas desplegadas en todas las Islas por la plataforma y han calificado el proceso como una "gira muy gratificante" que les ha permitido reunirse con la población en las calles y recoger sus opiniones. Los jóvenes eran "quienes más se acercaban a firmar".

La Ley de Volcanes tiene, según sus impulsores, tres aspectos fundamentales. Uno de ellos es su retroactividad, ya que contempla el resarcimiento económico de los damnificados por el volcán Tajogaite en La Palma. El segundo aspecto es garantizar que se reponga lo perdido con compensaciones a un precio justo, algo que se aplicaría también en futuras erupciones. Y, en tercer lugar, es comprometer a las administraciones a proporcionar a los afectados por un volcán un lugar digno donde vivir, "ni garajes, ni casas de hierro o madera", desde el inicio hasta el final de la erupción.

Para la vicepresidenta de la Plataforma de Afectados, Fátima Ramos, el impulso de la norma es "importante para las personas que tenemos todo debajo de la lava" y también para "quien vive en la Isla y le está costando arrancar". Por todo ello, ha exigido "voluntad política" y "por parte de los técnicos" a la hora de acometer la reconstrucción de La Palma.

En estos meses de tramitación legislativa, los afectados han pedido a los medios de comunicación que pregunten a los diputados sus opiniones sobre la Ley de Volcanes para que la población pueda conocer cuáles serán los distintos posicionamientos que se defenderán el día de la votación.

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