Los 4 deberes del Parlament en la recta final de la legislatura de Pere Aragonès

Hace un año, el 'president' Pere Aragonès y toda ERC asistían atónitos a la salida de Junts del Palau de la Generalitat. Una decisión tomada por las bases posconvergentes contra la voluntad de la mayoría de sus 'consellers' pese al enojo que provocó la destitución del entonces vicepresidente Jordi Puignertó. La relación entre los dos partidos implosionó y empezó el tortuoso viaje de un Govern monocolor que ha estado sometido desde entonces al azote de una oposición que se ensaña en el Parlament con su minoría, como también se puso de manifiesto la semana pasada en el debate de política general. Aragonès logró, sin embargo, aprobar los presupuestos de 2023 de la mano del PSC y de los Comuns aprovechando que el voto republicano cotizaba al alza para las cuentas en el Congreso y en el Ayuntamiento de Barcelona. Ahora lo volverá a intentar con los de 2024, consciente de que estos serían su principal billete para garantizarse que agota su mandato hasta febrero 2025, pero también de que la competencia entre partidos, ya de por sí afilada, no hará más que ir 'in crescendo' con el final de la legislatura en el horizonte. Las carpetas pendientes en la Cámara catalana darán cuenta de ello.

Primera parada: presupuestos

Para que los presupuestos del año que viene entren en vigor en tiempo y forma -a 1 de enero de 2024-, la maquinaria debería estar ya trabajando a todo trapo. Sin embargo, la negociación del Govern con los posibles socios parlamentarios aún no ha empezado y, por lo tanto, no hay ningún tipo de previsión de tramitación. Desde la Generalitat ya asumen que difícilmente será posible mientras no se se resuelva la investidura de Pedro Sánchez y achacan el retraso al Gobierno, a quién acusan de no haber facilitado aún previsión de ingresos del modelo de financiación y avisan de que sin datos es difícil realizar cuentas. Además, los números están también pendientes de si se pacta una reducción de la deuda de las autonomías -como dejó entrever la ministra de Hacienda, María Jesús Monter,o en verano- o se toma alguna medida relacionada con el déficit fiscal que sufre Catalunya, como ha reclamado ERC.

De momento, solo se ha calendarizado una reunión el próximo 9 de octubre entre el Govern y el PSC para hacer un seguimiento de la ejecución de las cuentas públicas de este 2023. Los socialistas así lo han exigido tras quejarse de que -según sus cálculos- solo se hayan completado íntegramente el 11% de las medidas, aunque la ejecución total estuviera cerca del 55% en julio. Mientras el PSC y los Comuns apremian al Govern a poner encima de la mesa ya todas las cifras, en Presidència aguardan también el momento oportuno, que puede coincidir en el tiempo con la presentación de los presupuestos generales del Estado. Las necesidades cruzadas, de nuevo, llevarán la batuta del calendario. A Aragonès, que incluye a Junts, PSC, CUP y Comuns como socios potenciales, siempre le quedará la opción de la prórroga si no hay entente posible, aunque eso lesionaría aún más su situación de minoría.

Leyes en trámite

Desde el inicio de la legislatura, en febrero de 2021, se han aprobado un total de 23 leyes. A día de hoy quedan 65 iniciativas más en trámite, 11 presentadas por el Govern y 45 por la oposición, además de 9 Iniciativas Legislativas Populares (ILP). La más destacada es la de memoria democrática, que superó la primera votación a finales de mayo, pero que aún sigue en trámite en comisión, a la espera de que se celebren las comparecencias acordadas. La ley, impulsada por el Govern, obligará a la retirada de simbología franquista en toda Cataluña en un plazo de dos años, implementará el acto de conmemoración de la República el 14 de abril o sanciones al enaltecimiento de la dictadura.

Más avanzado está el proyecto de ley de composición del Consell d'Educació de Catalunya, solo pendiente del informe para someterlo a la votación final; mientras que la última iniciativa presentada por el ejecutivo, el proyecto de ley de comunicación audiovisual de Catalunya, ha superado esta semana las enmiendas a la totalidad. Por parte de la oposición, quedan pendientes, entre otras: la proposición de ley de estabilización de trabajadores públicos y la de internación del transporte sanitario de la CUP, la de venta a distancia de platos preparados del PSC o la creación del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, presentada por PSC, ERC, Junts, CUP y Comuns. La oposición lleva un año señalando el bajo ritmo legislativo del Govern de Aragonès, que achacan a su minoría parlamentaria que dificulta que salgan adelante sus propuestas.

De la reforma del reglamento a la paga de los expresidentes

Internamente, la institución está pendiente de la reforma del reglamento del Parlament para limitar los discursos de odio de Vox e introducir el voto telemático, que serviría como vía para legalizar la participación a distancia de la toma de de decisiones del diputado de Junts, Lluís Puig. A principios de mayo de este año, el texto propuesto por ERC y la CUP superó la primera votación, pero aún sigue en tramitación. Además, la extrema derecha ya ha avisado de que si se aprueba definitivamente lo impugnará ante el Tribunal Constitucional.

No es la única reforma en cola que afecta directamente a la Cámara. También hay la modificación de la ley de expresidentes presentada por los Comuns que pretende dejar sin indemnización por cese del cargo ni pensión vitalicia a los condenados por delitos relacionados con la corrupción. Una modificación que afectaría directamente a Laura Borràs, aunque ya rechazó voluntariamente recibirla.

Finalmente, está pendiente la regularización de las dietas de todos los diputados, tema espinoso entre los grupos, incapaces desde hace dos años de alcanzar un acuerdo. A finales de julio, la mesa decidió crear un grupo de trabajo para que estudiara una fórmula para que estas indemnizaciones por desplazamientos, que oscilan entre 17.000 y 24.000 euros anuales en función del lugar de residencia, tributen. Anque un eventual pacto no entraría en vigor hasta la próxima legislatura. De momento, lo único que se hará a partir de enero de 2024 es integrar otra mensualidad -y será ya la cuarta- como sueldo base.

Una oposición que no pide elecciones

El Govern acusa su debilidad parlamentaria, pero nadie reclama elecciones. Tampoco el PSC, como principal partido de la oposición, plantea una moción de censura. Es por ello que el Govern de Aragonès está convencido de que pueda agotar su mandato pese a las dificultades. "No hay alternativa", sostienen. Mientras los votos de los independentistas sean clave tanto para la investidura como para aprobar leyes en el Congreso, a socialistas y Comuns no les queda otra que hacer equilibrios entre ejercer de ariete contra el ejecutivo catalán y, al mismo tiempo, ofrecer su colaboración. Junts sí que tiene las manos libres para no dar tregua a los republicanos, aunque tiene pendiente resolver su división interna y en estos momentos, a la espera también de cómo impacte una eventual amnistía en los líderes del 'procés', no tiene definido un presidenciable.

La CUP y Ciutadans, por su parte, tratan de recomponerse de sendos golpes electorales y necesitan tiempo para tejer una estrategia para poderse mantener en el Parlament. Los anticapitalistas están ahora en pleno proceso de refundación. Y el PP está también a expensas de su crisis interna y de si se releva o no a Alejandro Fernández, que está a la brega con Feijóo y para quien la Cámara catalana es su principal plataforma. A pesar de contar con 10 diputados en el hemiciclo, el papel de Vox ha sido residual gracias al pacto para cortocircuitarlos que tejieron la mayoría de grupos.

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