El Gobierno sigue tramitando el indulto de Griñán pero recuerda que no puede aprobarlo en funciones

El Gobierno tiene en marcha los expedientes correspondientes tras la solicitud de indulto del expresidente andaluz, José Antonio Griñán, y otros ocho condenados por malversación y prevaricación en el caso de los ERE. Fuentes del Ministerio de Justicia confirman que esos expedientes siguen su curso "en manos de funcionarios" y de forma "totalmente ordinaria" y que comenzaron su tramitación el pasado mes de julio. Desde el departamento de Pilar Llop recuerdan además que "un Gobierno en funciones no puede conceder indultos". Sí que puede denegarlos, de hecho en ese sentido negativo hubo dos expedientes en el último Consejo de Ministros, pero no puede concederlos, precisan.

El Ministerio de Justicia confirma que ha solicitado los correspondientes informes a los órganos enjuiciadores, dentro de los pasos habituales a seguir con este tipo de expedientes. Ya confirmó el Gobierno que iniciaría esos pasos tras estudiar las razones del Supremo, que ratificó la condena a la excúpula política de la Junta de Andalucía en septiembre de 2022. Desde el Ministerio de Justicia confirman a 'EL PERIÓDICO DE ESPAÑA', del Grupo Prensa Ibérica, que la tramitación se inició en julio de 2023, cuando ya estaba en funciones y un año después de que llegaran las solicitudes de los condenados.

En una noticia, avanzada por 'ABC', se informa de que la Audiencia de Sevilla ha recibido la solicitud del Gobierno para solicitarle informe a la petición de indulto de nueve de los condenados en los ERE. En ese sentido la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado que ha dictado diligencias de ordenación y providencia en relación con las peticiones de indulto planteadas por las defensas de nueve condenados en el caso ERE. En concreto de los exconsejeros José Antonio Griñán, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Fernández, José Antonio Viera, los exviceconsejeros Agustín Barberá, Juan Márquez y Jesús María Rodríguez Román y el exdirectivo de la Agencia IDEA Miguel Ángel Serrano.

Palabras de Llop

"Al indulto del señor Griñán se le ha dado el mismo curso que a todos los indultos, ahora está en fase judicial y seguirá su tramitación ordinaria", ha afirmado la ministra de Justicia Pilar Llop, al ser preguntada por los medios durante un receso de un seminario de Justicia celebrado este lunes en el marco de la Presidencia española de la UE.

 "Todos los indultos se tramitan de la misma manera, ahora sí, también sabemos que cuando el gobierno está en funciones no se pueden conceder indultos, pero se tramitan igual", ha insistido. 

Fue la Audiencia la primera que dictó en 2019 condenas de prevaricación y malversación para los exaltos cargos de la Junta de Andalucía por el llamado caso ERE. Se juzgó en una pieza política el sistema por el que la Junta había repartido 680 millones de euros durante una década, de 2000 a 2009. El Supremo ratificaría después estas condenas, en 2022.

Fue la familia del expresidente andaluz, José Antonio Griñán, la primera que solicitó al Ministerio el indulto ante una condena de seis años por malversación. El expresidente no ha entrado en la cárcel por padecer un cáncer que no puede ser tratado en prisión, por lo que la Audiencia de Sevilla suspendió la pena privativa de libertad por un plazo de cinco años. La esposa e hijos de Griñán dirigieron un escrito al Ministerio que solicitada la suspensión parcial de la condena "por razones de humanidad y equidad". Lo hicieron con fecha de septiembre de 2022, hace algo más de un año. Fuentes del Gobierno aseguran que ese expediente se tramita de forma ordinaria, "lo contrario sería prevaricación", advierten, y que el plazo de resolución de los indultos se está demorando con una media de dos años desde su solicitud.

Varias solicitudes

Según la información facilitada por la familia se trataba de una solicitud "exclusivamente familiar" y basada en las "circunstancias personales excepcionales" de Griñán, "un ciudadano de 76 años de edad con una intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la libertad y la democracia, la igualdad, el estado del bienestar" y por "un profundo respeto a las instituciones del Estado", incluidos los tribunales de justicia. El escrito se acompañó de decenas de firmas de importantes compañeros del PSOE como los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero; la expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, ahora senadora socialista, o del exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra.

Otros ocho condenados en los ERE, que permanecen en prisión, han pedido también su indulto. Hay pena de cárcel para ocho de los 19 exaltos cargos del Gobierno andaluz que fueron condenados por la Audiencia de Sevilla en noviembre de 2019. Las penas suman un total de 255 años de inhabilitación y 68 años de prisión. La presión está sobre quienes están ya en prisión. La inhabilitación ya está descontada para todos los exdirigentes del PSOE que llevan ya años retirados y dados de baja del partido. El Tribunal Constitucional rechazó de forma unánime la pasada semana excarcelar a los condenados en el caso de los ERE de Andalucía mientras estudia las cuestiones de fondo planteadas en sus recursos de amparo.

Tormenta política

Cada vez que el Gobierno de Pedro Sánchez negocia algo en relación con los condenados o procesados por el procés de 2017 en Cataluña se mira la caso de los ERE en Andalucía. Ya ocurrió con la concesión de indultos a los políticos independentistas catalanes y con la reforma del delito malversación, que al final el Supremo rebajó y que en ningún caso fueron pensadas para los políticos condenados en los ERE, advirtió el Ejecutivo y el PSOE en ese mismo momento.

La tramitación de los expedientes de indultos solicitados por los condenados de los ERE vuelve a agitarse cuando la amnistía a los encausados del 'procés' se pone sobre la mesa para una investidura de Pedro Sánchez, aunque tanto el Gobierno como el PSOE ha negado siempre que estos casos tengan algo que ver y los ha deslindado con especial interés, en detrimentos de los exsocialistas andaluces condenados en la trama de las ayudas sociolaborales concedidas a expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis en Andalucía.