El difícil cóctel de ideologías para lograr la investidura

Si alguien se pregunta cómo puede resultar la más que probable convivencia -una vez que se formalice la investidura de Pedro Sánchez- entre partidos tan alejados políticamente como Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), por un lado, que se sitúan en un espacio económico de centroderecha y, por otro lado, Sumar, ERC e incluso Bildu, que ocupan un espectro que va desde la izquierda del PSOE hasta posiciones más radicales, la respuesta es tan vieja como el inicio del mundo: depende del dinero. 

Fuentes cercanas a estos partidos que, salvo Sumar, no tienen una visión estatal son muy gráficas en su razonamiento: "Les importa poco lo que pase en España, les preocupan sus asuntos más cercanos". Pero, como en todo, la verdad está en el término medio. Desde Junts toma fuerza una corriente, heredera de la antigua Convergència de Jordi Pujol, que apuesta por cerrar un pacto de investidura con el PSOE, de tal manera que su presencia como socios, junto al PNV, sirva de freno moderador ante posibles excesos del resto de los partidos. Esta postura está alentada además por las patronales catalanas. Desde una de ellas se resalta que el mundo económico "no quiere inestabilidad". "Queremos un Gobierno estable y cuanto antes", añaden.

Desde Junts, uno de los responsables de la elaboración del programa explica, amparado en el anonimato: "En el partido, el alma liberal que quiere recuperar el espíritu económico que siempre defendió Convergència se impuso en el Congreso de junio de 2022. Siempre con el objetivo de poner a los ciudadanos y a las empresas catalanas en primer lugar, defenderemos reducciones selectivas de impuestos, tanto del IRPF como del impuesto de sociedades, especialmente pymes".

Intervencionismo

Estas ideas básicas de programa económico, muy de corte de centroderecha, chocan, por ejemplo, con las esbozadas por EH Bildu, más propias de un modelo radical de izquierdas. Aunque es la primera vez que en el partido vasco dan una cierta relevancia a las propuestas de corte económico, estas tienen un eje central muy claro: intromisión del capital público en la vida empresarial. Desde el plan de crear una nueva asociación empresarial hasta la apuesta por un modelo vasco de empresa (básicamente, el formato de cooperativa con participación de los trabajadores), pasando directamente por la idea de que a la industria la impulsen los poderes públicos y que estos además entren en el capital, todo está rodeado de esa idea de intervencionismo. 

Pero, entonces, ¿cuánto pesan los componentes más ideológicos en las negociaciones de investidura? Poco, según coinciden en señalar las fuentes consultadas. De hecho, en Sumar explican que, "por ejemplo, el PNV es un partido conservador, frente a una posición más liberal en economía que tiene el PP. De hecho, el PNV defiende políticas industriales que están bastante más alineadas con nosotros que con el PP".

En realidad, el terreno de juego ahora mismo no está centrado en los asuntos ideológicos, sino en los monetarios. ERC, por ejemplo, está interesada en el traspaso del servicio de Cercanías (Rodalies) y el dinero que eso lleva consigo. Junts también demanda el traspaso de los aeropuertos de Barcelona-El Prat, Girona, Reus y Sabadell, así como de los puertos de Barcelona y Tarragona, y defiende una política de apoyo a las pymes. Pero ambas cuestiones no suponen un punto de fricción con el resto de los partidos que apoyarán, previsiblemente, al líder socialista en la investidura. 

Vivienda y trabajo

Donde pueden aparecer puntos de choque entre las formaciones que acompañarían al PSOE sería por ejemplo en la política de vivienda, pues los partidos situados más a la izquierda defienden dar subvenciones directas a los beneficiarios, pero sobre todo intervenir el mercado regulando los precios, mientras que los partidos a la derecha, como en el caso de Junts, promueve un programa de avales para menores de 35 años para comprar la primera vivienda. Nada que ver. Así, el PSOE en su programa defiende que el parque público de vivienda en alquiler llegue al 20% del total. Sumar habla de condicionar beneficios fiscales a la iniciativa privada. Tampoco nada que ver. Desde una patronal catalana se subraya que "nadie invertirá si no hay rentabilidad y además no hay capacidad para cubrir las necesidades de vivienda sin contar con la iniciativa privada".

Un ejemplo claro de que las ideologías se hacen a un lado en estos momentos han sido las intensas negociaciones del PSOE con Coalición Canaria, un aliado habitual del PP, para que se incorporase al apoyo a la investidura de Sánchez. Coalición Canaria tachó de insuficiente la oferta del PSOE (de carácter muy económico) e incidió en que sus aspiraciones en esta materia pasan por cogestionar los puertos y los aeropuertos canarios, revisar (al alza, evidentemente) la financiación autonómica y abordar la situación migratoria.

También en el mercado de trabajo pueden aparecer choques. Fundamentalmente, los partidos del ámbito de izquierda buscan recursos para sus políticas en una fuente tan tradicional como, por ejemplo, la subida de las cotizaciones sociales a las empresas. Y ahí el PNV, muy cuidadoso con todo lo que tenga que ver con los costes laborales para las compañías, se opondría. Y lo mismo pasaría en el caso de Junts, que en su programa reclama reducir la presión fiscal sobre las empresas catalanas.

En esta misma línea hay que señalar que Sumar apuesta por reducir la jornada laboral a 32 horas, algo a lo que se oponen frontalmente en medios económicos catalanes: "Si esto mismo no se hace en nuestro entorno europeo y como no miremos bien la productividad y la competitividad, nos pegaremos un tiro en el pie".

El gran problema de convivencia entre estos partidos y también entre ellos y el futuro Gobierno puede estar en los próximos ajustes fiscales que debe poner en marcha el Ejecutivo. Son medidas que hay que aplicar para cumplir con el mandato de Bruselas de reducir el déficit al 3% el próximo año y de situar la deuda pública por debajo del 110% para encarar la senda que, algún día, la lleve a un hoy casi utópico 60%. 

En primer lugar, el estallido y posterior recrudecimiento del conflicto entre Israel y Palestina está complicando un panorama económico internacional que ya era incierto. El petróleo está en plena escalada hacia los 100 dólares por barril, lo que significa más tensiones energéticas; es decir, para empezar un recibo de la luz más caro para los hogares, teniendo en cuenta además que la guerra entre Ucrania y Rusia sigue enquistada. Pero también genera distorsiones en el cumplimiento de los objetivos presentados en el Plan Presupuestario para 2024 que el Gobierno en funciones ha remitido a Bruselas y que están elaborados con un precio del petróleo (Brent) de 89 dólares, mientras que a 18 de octubre superaba los 91 dólares. Y este elemento es clave.

Las ayudas no se tocan

El Ejecutivo en funciones ha fiado parte del cumplimiento de los nuevos objetivos de déficit a no prorrogar las ayudas anticrisis, que expiran el próximo 31 de diciembre. Estas medidas, cuya prórroga en todo o parte matizan desde el Ejecutivo que todavía no está decidida, servirían para ahorrar unos 5.000 millones al Estado en el próximo Presupuesto (su impacto desde que entraron en vigor en 2021 ha sido de 21.000 millones). Se trata de ayudas vinculadas fundamentalmente a la energía, como la rebaja del IVA de la luz, el descenso al mínimo del impuesto especial de la electricidad y el descuento de 20 céntimos por litro de combustible, que empezó siendo general y acabó centrándose en los profesionales del transporte. 

El problema es que los futuros o previsibles socios de investidura han dicho públicamente que exigirán que estas ayudas se mantengan. Unos porque, como se señalaba, no les preocupa demasiado el impacto de sus peticiones en las cuentas públicas; otros por convencimiento de que son positivas y también como respuesta a las demandas de su electorado. Y la cuestión es que si el panorama se complica y Bruselas exige cumplir, el Estado no tendrá más remedio que decidir entre dos caminos: recortar las ayudas, lo que le generaría un problema serio con sus socios, o incrementar los ingresos, lo que le generaría también un problema aunque esta vez con parte de los socios. Elevar los ingresos solo puede hacerse a través de un aumento de los tipos impositivos, o directamente o a través de cotizaciones sociales. Y en ambos supuestos se podría generar un choque sobre todo con Junts, poco amigo de subir impuestos a ciudadanos o empresas. 

Otro gran punto de fricción está en la reforma de la financiación autonómica, un punto clave en el programa de Junts (no en el del PNV, puesto que el País Vasco cuenta con el concierto económico). Junts reclama una modificación del sistema ante lo que considera una "infrafinanciación" o una "insuficiencia de recursos". Este es un choque previsible con el futuro Gobierno que, no obstante, como publicó El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, trata de evitarlo mediante la elaboración de un programa que no comprometa ningún apoyo, principalmente los de Junts y PNV, las formaciones más conservadoras en materia económica y laboral. Para ello, los socialistas apuestan por un programa marco con medidas más genéricas, basadas en "profundizar" en las reformas ya iniciadas durante la pasada legislatura y con menos leyes. 

Cuentas en rojo

Pero los números son tozudos. Solo para 2023 las comunidades autónomas van a recibir 26.000 millones de euros más que en 2022, hasta 134.335 millones de euros, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. De esa cantidad, 124.291 millones son entregas a cuenta y 10.980 millones de euros son procedentes de una liquidación positiva de 2021. El incremento extraordinario de la recaudación de los tributos más importantes que se ceden parcialmente (IRPF e IVA, entre otros), sumado a los fondos europeos, propicia una avalancha de miles de millones para las autonomías que han registrado presupuestos expansivos en la misma línea que los Presupuestos del Estado. También es cierto que las dos zonas que tradicionalmente reclaman déficits financieros, como son Cataluña y la Comunidad Valenciana, son las que más inversión en términos de PIB han recibido del Ejecutivo central desde 2018. Solo en 2023, Cataluña concentrará el 18,4% del total de inversiones territorializadas, porcentaje superior al peso de Cataluña sobre el PIB nacional, mientras que la Comunidad Valenciana supone el 9,3%, prácticamente el mismo porcentaje que pesa la economía valenciana medida sobre el total nacional.

La amenaza del FLA

Al cierre de 2022, según el Ministerio de Hacienda, de los 185.779 millones de euros que las autonomías deben al Estado, el 77% (tres de cada cuatro euros) lo concentran estas tres autonomías. La más endeudada es Cataluña (71.306 millones), seguida de la Comunidad Valenciana (45.932 millones) y Andalucía (26.136 millones). Madrid es la única región que no mantiene ninguna deuda con el Estado central, dejando aparte a las comunidades forales (País Vasco y Navarra) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Otro gran punto de roce, puede que no entre socios pero sí con el Gobierno, especialmente desde el lado de Junts, es el FLA, el fondo de rescate autonómico que se puso en marcha en 2012 tras la crisis y que ahora, bajo su nuevo nombre de fondo de financiación, esconde para Cataluña una deuda de más de 70.000 millones que debe devolver entre el 2024 y el 2027. De hecho, el actual fondo de financiación, que es una suma de los circuitos de financiación autonómica, incluyendo el FLA, muestra que Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña siguen siendo hoy por hoy las autonomías más endeudadas.

Del FLA al fondo de financiación, la deuda crece

En 2012 (año en que se pidió el rescate para las cajas de ahorros), la delicada situación del Estado y las dificultades para encontrar financiación en los mercados internacionales llevó al Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, a crear el denominado fondo de liquidez autonómica (FLA). El FLA es un fondo de rescate para otorgar financiación directa a las autonomías fuera del circuito habitual. A él se acogieron desde el primer momento las regiones con más problemas para financiar sus servicios públicos, las cuales a su vez contaban con el mayor volumen de deuda pública sobre PIB. En 2012, la deuda autonómica sobre PIB más alta la tenían la Comunidad Valenciana (31,6%), Castilla-La Mancha (27,6%) y Cataluña (27,1%), según el Banco de España. 

Pese a la mejora de las condiciones económicas, el Estado no solo mantuvo sino que incluso incrementó la transferencia de fondos con la creación del fondo de financiación de las comunidades autónomas, fusionando todas las herramientas utilizadas desde 2012. La deuda de los territorios más endeudados, lejos de reducirse, ha seguido aumentando. Según el Banco de España, al cierre de 2022, la Comunidad Valenciana (44,4% del PIB), Castilla-La Mancha y Cataluña (33,4%) siguen siendo las regiones más endeudadas y, por tanto, con más dificultades para hacer frente a los vencimientos que en los próximos años se producirán tanto del FLA como del resto de facilidades otorgadas.