El PP arranca la legislatura como la terminó: una ley sobre los crímenes de ETA

La primera proposición de ley que registran los partidos al comienzo de cada legislatura en el Congreso tiene algo de simbólico. Es, por así decirlo, una declaración de intenciones. El PNV apostó por reformar la Ley de Secretos Oficiales -una espina que tienen clavada desde hace años-; Sumar, por derogar los delitos relacionados con la libertad de expresión; y Vox, por derogar la ley del 'solo sí es sí'. La apuesta del PP ha sido la misma con la que acabó la pasada legislatura, una norma para declarar los crímenes de ETA como de lesa humanidad y prohibir los homenajes a los terroristas.

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El 17 de mayo, en la última sesión de control al Gobierno, la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, interrogó a Pedro Sánchez sobre sus acuerdos con EH Bildu. La cuestión era pertinente, hacía unos días había salido a la luz la inclusión de 44 condenados por terrorismo en sus listas electorales. "La verdad es que ustedes no tienen más argumento que ETA, pero ETA ya no existe", le respondió el presidente del Gobierno. Apenas dos semanas antes, cuando aún no se sabía nada de las listas electorales de los abertzales, el PP ya había registrado una proposición en el Congreso. La misma que este viernes ha comenzado su tramitación parlamentaria.

Sin publicidad

La "Proposición de Ley Orgánica sobre crímenes de ETA sin resolver y sus víctimas", como la bautizó el PP, fue registrada por los populares a finales de abril. Después, la convocatoria de elecciones hizo que la iniciativa decayera. Ni siquiera llegó a debatirse su admisión a trámite por el pleno del Congreso de los Diputados. Ahora, los conservadores han vuelto a registrar el texto en la Cámara Baja, aunque no han querido darle publicidad alguna.

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La discreción actual y la tardanza a la hora de registrar la primera ley -las Cortes llevan funcionando desde el 17 de agosto- contrasta con los movimientos del PP hace cuatro años. El 3 de diciembre de 2019, nada más constituirse el Congreso tras las elecciones del 10-N, la entonces portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y los otros 89 diputados populares presentaron una norma para modificar el Código Penal para reforzar el Estado de Derecho y las instituciones del Estado. Buena prueba de la premura de aquel momento es que no esperaron a que se crearan los grupos parlamentarios.

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Las claves de la norma

En la norma que han reimpulsado ahora, los conservadores hacen mención a un informe emitido por el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo en 2022 en el que se insta a investigar los atentados sin resolver de ETA. Una de las primeras cosas que plantea el PP es establecer que los crímenes cometidos por la banda armada deben ser considerados "como un ataque generalizado y sistemático contra parte de la población civil motivada por causas políticas". De esta forma, de acuerdo con el artículo 607 bis del Código Penal, serían delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescribirían.

Además, quieren otorgar a los Delegados del Gobierno la capacidad de prohibir "todos los actos, concentraciones, reuniones o manifestaciones cuando existan razones fundadas" de que se rendirá "homenaje público a condenados por terrorismo, a colectivos de presos terroristas o a las organizaciones terroristas". También quieren impulsar una actualización detallada de todos los casos no resueltos e investigar "si los miembros de los comités ejecutivos de ETA que componían su dirección cuando se cometió cada crimen, deben ser considerados responsables de los mismos". Otro de los temas clave que quieren modificar son los requisitos para obtener beneficios penitenciarios, estableciendo como nueva condición la colaboración activa "en la investigación de crímenes terroristas pendientes de resolverse".

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