Víctimas de los atentados del 17-A vuelven a intentar ante el Supremo que también se condenen los asesinatos

El Tribunal Supremo ha empezado este miércoles a escuchar las alegaciones de los tres condenados y de media docena de víctimas de los atentados del 17-A contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional por los atropellos de Barcelona y Cambrils. Los primeros alegaron vulneraciones de derechos para que se les rebaje o, incluso, anule, la pena impuesta y los segundos insistieron en que debía aumentarse su condena, porque ninguno de los tres fue juzgado por los propios atropellos donde se produjeron 16 muertos y 140 heridos, ya que la Audiencia entendió que eran miembros de la célula terrorista, pero ignoraban el plan que se improvisó tras la explosión de Alcanar (Tarragona).

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Los primeros abogados en intervenir fueron los que ejercen la acusación en nombre de media decena de mossos d'Esquadra que resultaron heridos o son víctimas de estrés postraumático tras lo ocurrido en Catalunya el verano de 2017. Dijeron sentirse "abandonados por la justicia" y pidieron a la Sala Segunda que se pronuncie sobre el poder que tuvo el juez instructor al dictar el auto de procesamiento y dejar fuera los muertos y heridos que se produjeron en los atentados, al entender que ni Mohamed Houli Chemlal ni Driss Oukabir sabían que la intención de la célula de atentar con explosivos se había sustituido por atropellos con furgonetas, tras perder los que habían preparado en la explosión de Alcanar. Ese plan se improvisó por los miembros de la célula que luego acabaron siendo abatidos por los mossos tras los atentados de Barcelona y Cambrils.

El fiscal del Supremo José Martínez Jiménez impugnó esas alegaciones con el argumento de que la posición del juez instructor, Fernando Andreu, fue respaldada luego por la Sala de lo Penal y por la de Apelación de la Audiencia Nacional, que rebajó la pena de prisión impuesto en un primer momento en 10 años a los principales condenados: de 53 a 43 a Mohamed Houli Chemlal y de 46 a 36 a Driss Oukabir. El tercer condenado, Said Ben Iazza, lo fue a 8 años por colaboración con organización terrorista, por prestar su documentación y la furgoneta de su tío a la célula.

Los abogados de los mossos alegaron que nunca se había "juzgado por los muertos" a los condenados y que el auto de procesamiento que así lo estableció nunca fue revisado, ni siquiera por el tribunal que juzgó el 17-A, para evitar su "contaminación y por el principio de oportunidad". La siguiente letrada hizo hincapié en que todos "siguieron consignas del Daesh, se instruyeron viendo vídeos con víctimas de todo tipo". "Su intención era sembrar el terror por activa y por pasiva" y "así lo vivimos todos, imagínense las víctimas", aseveró para defender que debían haber sido condenados también por los 16 asesinatos y los 140 heridos que se produjeron.

Imán de Ripoll

El letrado que representa a los padres del pequeño Xavi, el abogado Agustí Carles Grau, insistió en la responsabilidad civil del Estado en los atentados, porque en su opinión hubo una falta de vigilancia. E insistió en la línea que ya intentó en el juicio sin éxito de poner en duda la muerte del imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty, que, como recordó el fiscal, la sentencia declaró muerto al explotar la 'madre de satán' que preparaban en Alcanar. Martínez Jiménez añadió que aun en el caso de que Es Satty siguiera vivo eso no cambiaría el relato de lo ocurrido que recogieron las resoluciones de la Audiencia Nacional.

Las defensas, por su parte, alegaron la falta de pruebas que a su juicio existe para haberles condenado como miembros de la célula terrorista. La defensa de Oukabir argumentó que solo había alquilado una furgoneta para ayudar a su hermano y a sus amigos en una mudanza y que no había prueba alguna de que supiera para qué la iban a utilizar. La de Houli, único superviviente de Alcanar y quien grabó a los terroristas preparando los explosivos, se centró en la falta de custodia de las pruebas halladas en su contra, como su teléfono móvil, al haber sido considerado primero víctima de la explosión y luego, miembro de la célula terrorista.

El abogado de Iazza resaltó que su primera declaración se produjo como testigo y ahí admitió que había prestado la furgoneta, por la ayuda que se dan habitualmente los musulmanes entre ellos, pero porque ignoraba que fueran miembros de una célula terrorista, circunstancia que, dijo, no se puede probar o contradecir porque todos ellos están muertos. Pidió la absolución o cuando menos la aplicación de la atenuante de confesión.

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La fiscalía sostuvo que las peticiones de las defensas suponen una revisión de la valoración de la prueba realizada por el tribunal que les condenó, lo que está vetado en los recursos de casación. Antonio García, en nombre de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, rebatió uno por uno los argumentos de los defensores y criticó "la frivolidad" con la que, sostuvo, se había pronunciado la de Oukabir al tratar de "grupo de jóvenes" a los terroristas, cuando había habido tantas víctimas.

Tanto él como el ministerio público y las acusaciones que ejercen el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y la Asociación Víctimas del Terrorismo, pidieron al tribunal presidido por Manuel Marchena que confirme las condenas impuestas en su día a los dos miembros y al colaborador de la célula que cometió los atentados.