El juez que investiga el despacho que fundó Montoro citó a los investigadores en plena bronca en Anticorrupción

El pasado 12 de diciembre, el juez que investiga las actividades presuntamente irregulares de Despacho Económico, fundado en 2006 por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, celebró una reunión relevante en su despacho del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona. Estuvieron presentes todos los investigadores que participan en la causa -Guardia Civil, Mossos y miembros del equipo de apoyo de la Agencia Tributaria-, además de los dos fiscales Anticorrupción que han participado hasta ahora en este asunto, Carmen García Cerdá y su superior directo, el teniente fiscal Antonio Romeral. 

Fuentes del caso confirman a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA que en dicho cónclave quedaron en evidencia las fuertes diferencias de criterio entre los fiscales a la hora de fijar el objetivo de esta investigación, que se venían arrastrando desde que unos meses antes, el 26 de septiembre, García Cerdá invocara un artículo del Estatuto Fiscal que opera cuando un fiscal discrepa de las decisiones de sus superiores. 

La Junta que se celebró a petición de la fiscal inicialmente adscrita a este asunto se resolvió en favor de los jefes -por 19 votos frente a 5- es decir, se cerró la puerta a seguir indagando una presunta revelación de secretos tras el hallazgo de numerosos correos electrónicos intercambiados entre altos cargos de la Agencia Tributaria, coincidiendo con la etapa en la que Montoro estaba al frente de Hacienda, en los que se hacía referencia a la situación fiscal de distintas personas, como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, el exministro Rodrigo Rato o el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero.

Actuaciones contra la fiscal

El paso dado por García Cerdá tuvo además graves consecuencias para la funcionaria. Por un lado, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, la apartó de la parte de la causa en la que se investiga en secreto si Equipo Económico usó sus influencias en el Ministerio de Hacienda en beneficio de sus clientes; mientras que a finales de noviembre García Cerdá tuvo conocimiento de que la inspección fiscal había iniciado una investigación contra ella por desobediencia. Esta semana se ha conocido que el expediente está ya en manos del promotor disciplinario de la Fiscalía, Manuel Moix, que debe dirimir si la fiscal siguió manteniendo conversaciones con los investigadores del caso pese a las órdenes de su jefe y debe ser sancionada.

Coincidiendo con toda esta polémica, así como con las informaciones hechas públicas por este diario sobre el contenido y personalidades públicas afectadas por los citados correos, el juez Rus decidió reunir a todo su equipo para recapitular y centrar la continuación de las pesquisas. Según las fuentes consultadas, en dicho encuentro se evidenció que Romeral y García Cerdá no se ponían de acuerdo sobre cuestiones tan centrales como a quién se debía citar como imputado a partir de este momento, por lo que el magistrado señaló que se leería las actuaciones y tomaría una decisión.

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Investigación a la cadena de mando

En esta causa --cuyo origen se encuentra en la incautación fortuita de documentación sobre el despacho fundado por Montoro durante un registro enmarcado en una investigación abierta contra la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM)-- se investiga desde diciembre de 2021 al presidente ejecutivo de Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico, y a los socios directores de la firma Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud, quien dirigió la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004. 

Los dos primeros también fueron altos cargos del Ministerio de Hacienda. Vicente-Tutor trabajó 13 años en Hacienda y llegó a formar parte del Comité de Dirección de dicha institución, mientras que Martínez Rico fue director del gabinete del ministro Montoro y en 2003 asumió el cargo de secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. La quinta imputada es una mujer vinculada igualmente al despacho fundado por Montoro.

Según fuentes de la investigación, las pesquisas también alcanzan a la cadena de mando de la Dirección General de Tributos, a la que llegaban los correos con los requerimientos de Equipo Económico referidos a determinadas personas o relacionados con conseguir la influencia necesaria para incidir en cambios legislativos, relativos a diferentes tributos, todo ello con el fin de beneficiar presuntamente a los clientes del despacho.

La fiscal García Cerdá, no obstante, vio limitada su actuación en este procedimiento incluso antes del episodio de diferencias en el seno de Anticorrupción con respecto a los citados correos. El teniente fiscal Romeral, que es de facto el número dos de Anticorrupción, la sustituyó en la firma de algunos informes y logró tumbar con un recurso la decisión del magistrado de grabar las conversaciones telefónicas que mantenían varios sospechosos.

Pero no fue hasta después de la Junta de Fiscales obligada por la invocación del artículo 27 por parte de la fiscal del caso, cuando se inició la investigación disciplinaria por parte de la jefa de Inspección de la Fiscalía General del Estado, María Antonia Sanz Gaite. 

La fiscal pretendía investigar un delito de revelación de secretos que se desprende del contenido de los 'emails' que aportaron el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos a raíz del hallazgo de documentos en la empresa gasística, que a su juicio podrían estar relacionados con una presunta red clientelar tejida por la empresa fundada por Montoro, pero de la que se desvinculó, según dice el exministro del PP, en 2008.

Tras el último paso dado por la Fiscalía General, al dar traslado de la investigación inicial al promotor de la acción disciplinaria, Moix podrá practicar prueba (llamar a declarar a García Cerdá y otros implicados, o recabar documentos) y finalmente propondrá sanción o bien archivará el asunto.

Pero las diferencias entre esta fiscal y Luzón van más allá de este caso. También han chocado por 'Púnica', donde tanto García Cerdá como Teresa Gálvez optaron por no firmar el informe de la pieza número 9 --sobre la presunta 'caja b' del PP de Madrid--, en el que se proponía librar a los ex presidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González, como finalmente hizo el juez instructor. Solo se entregó con la firma del fiscal Alejandro Cabaleiro.