El CGPJ pide más tiempo para su informe de la amnistía mientras trabaja en dos textos irreconciliables

El Consejo General del Poder el Judicial pide más tiempo para elaborar el informe sobre la ley de Amnistía que le fue requerido por el Senado. La Comisión Permanente ha acordado este jueves solicitar a la Mesa de la Cámara alta la concesión de una nueva prórroga, por un plazo de quince días y con efectos desde el próximo miércoles 14 de febrero.

Por el momento, los dos ponentes designados a mediados de diciembre para trabajar en este asunto, los vocales Wenceslao Olea, designado a propuesta del PP y Mar Cabrejas, por el PSOE, vienen trabajando por separado en dos textos diferentes cuyas posiciones serán probablemente irreconciliables, han señalado a este periódico fuentes del órgano. Como la mayoría conservadora apoyará previsiblemente el informe de Olea, que se prevé que contendrá argumentos jurídicos muy duros con los planes del Gobierno, la posición minoritaria se expresará en votos particulares.

La accidentada tramitación de la norma en el Congreso está dificultando el trabajo a los vocales designados, según las mismas fuentes, aunque se espera llegar a tiempo para cumplir con el encargo antes de que la proposición de ley llegue al Senado.

Por el momento, tramitación de la ley que fue tumbada en el Pleno del Congreso por Junts la semana pasada ha vuelto a reactivarse después de que la Mesa diera este miércoles 15 días de plazo la Comisión de Justicia, prorrogables hasta los 30 días, para elaborar un nuevo dictamen. Así, se tendrá inicialmente hasta el 21 de febrero para elaborar el nuevo dictamen.

En principio, el Consejo del Poder Judicial no debería abordar formalmente este asunto, al ser la amnistía una proposición de ley que llega al Parlamento a propuesta del los grupos parlamentarios, en vez de ser una proyecto de ley iniciativa del Gobierno.

El obstáculo se vio superado en el Senado, donde el PP y Vox han hicieron valer su mayoría en la Mesa de la Cámara alta para aprobar una atípica petición de informe tanto al órgano de gobierno de los jueces como al Consejo Fiscal. Respecto de este último informe, el fiscal general, Álvaro García ha respondido ya al presidente del Senado, Pedro Rollán, que el Consejo Fiscal no tiene competencias para informar de la proposición de ley de amnistía y que, por lo tanto, no lo hará.

En el Consejo del Poder Judicial, sin embargo, la mayoría conservadora y sus posicionamientos previos sobre este asunto aventuran un informe muy duro contra el proyecto del Gobierno y sus socios. De hecho, el pasado noviembre, antes incluso de que se conociera el texto de la proposición de ley que se tramita ahora en las Cortes, los vocales del Consejo General del Poder Judicial designados a propuesta del PP forzaron la celebración de un Pleno para sacar adelante una declaración institucional que mostraba la "intensa preocupación y desolación" del órgano por los planes para amnistiar a los afectados por procedimientos relacionados con el "procés".

En dicha ocasión se distanció del núcleo duro conservador el presidente en funciones, Vicente Guilarte, que explicó en un voto particular no estar de acuerdo con la iniciativa legislativa, aunque consideraba conveniente esperar a la tramitación de la proposición.