BLOQUEO DEL ÓRGANO CONSTITUCIONAL

Moncloa culpa al PP de aplazar la reunión sobre el CGPJ, pero seguirá negociando sin acudir al plan Guilarte

En el PP insisten en que el encuentro estaba previsto para un día en mitad de las fiestas de Pascua y argumentan que se trata de un “aplazamiento” y en ningún caso una cancelación

Para las labores de mediación, la mejor situada es la vicepresidenta Věra Jourová. Fuentes de Moncloa evitan posicionarse, al considerar que es una decisión que debe tomar Bruselas, pero reconocen que Jourová “conoce bien la situación”

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el comisario europeo de Justicia Didier Reynders y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el comisario europeo de Justicia Didier Reynders y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. / Unión Europea - Europa Press

Las negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el CGPJ han vuelto a complicarse tras aplazarse ‘sine die’ la reunión prevista para este miércoles. Desde el Ejecutivo descargan la responsabilidad en los populares porque “ni la Comisión Europea”, que ejerce las labores de mediación, “ni el Gobierno tenían inconveniente en celebrarla”, ha explicado el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Sin embargo, el responsable de negociar con el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, ha descartado por el momento acudir al plan B, el denominado ‘plan Guilarte, en referencia a la propuesta del presidente del CGPJ de restarle competencias para los nombramientos en la cúpula judicial si fracasaban las negociaciones.

Aunque el encargado de la mediación, el comisario de Justicia Didier Reynders, ha dimitido este mismo martes por presentar su candidatura al Consejo de Europa, y el plazo previsto de dos meses para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces se ha consumado, Moncloa sigue apostando por mantener viva la negociación. A la espera de que la Comisión nombre a otro mediador y con un nuevo plazo máximo impuesto por el límite de las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Para las labores de mediación, la mejor situada es la vicepresidenta Věra Jourová. Su nombre ya estuvo sobre la mesa antes de elegirse a Reynders. Fuentes de Moncloa evitan posicionarse, al considerar que es una decisión que debe tomar Bruselas, pero reconocen que Jourová “conoce bien la situación”.

En el PP insisten en que el encuentro estaba previsto para un día en mitad de las fiestas de Pascua y argumentan que se trata de un “aplazamiento” y en ningún caso una cancelación. Es más, fuentes conservadoras aseguran que el partido de Feijóo no se plantea en ningún caso “romper esas relaciones”.

“Nos vamos a dar más tiempo”, ha asegurado Bolaños en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado este martes para insistir en que pese a la última complicación en las conversaciones “seguimos sentados”. La pelota ahora está en el tejado de la Comisión, que deberá tomar decisiones para retomar el calendario de negociaciones y nombrar a un nuevo mediador. En todo caso, el titular de Presidencia y Justicia insistía en que “nuestro plan A es agotar todas las posibilidades de acuerdo y diálogo”. Eso sí, descargando sobre el PP la responsabilidad de mantener el órgano de gobierno de los jueces caducado desde hace más de cinco años. Algo que, según criticó, “afecta al prestigio” del CGPJ y al funcionamiento normal de la justicia.

Una situación sobre la que también puso cifras. “El bloqueo cuesta más de 12 millones de euros” que debe asumir el ministerio con refuerzos, ya que ni se cubren las vacantes ni se puede promocionar a jueces y magistrados. En este sentido, Bolaños ha insistido en que “es imprescindible” renovar el CGPJ para “devolverlo a la normalidad” y seguir trabajando “de la mano de la Comisión”.

Reforma del sistema de elección

Pedro Sánchez ya descartó al inicio de la legislatura rebajar las mayorías parlamentarias para sortear al PP en el Congreso, pero sí reconoció que estaba sobre la mesa la propuesta planteada por el propio presidente del CGPJ, Vicente Guilarte. Esto es, quitar competencias al órgano constitucional. Principalmente, su potestad para realizar nombramientos en la cúpula judicial. Sin ella, Guilarte entiende que se forzaría la renovación.

La reunión prevista para este miércoles era tercera cita de estas características. Desde el Gobierno nunca quisieron ser optimistas sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo, tras varios intentos fallidos y más de cinco años desde que caducó el mandato de sus miembros, pero ahora confían en la presión de Bruselas para que no haya marcha atrás. Los socialistas subrayan en que están “negociando según criterios y el procedimiento que pidió el PP”. El nudo gordiano en las negociaciones tiene que ver con la reforma de la ley del poder judicial. El PSOE apuesta por renovar primero y posteriormente pactar los cambios en el sistema de elección. Dos pasos por separado que, según defienden, es lo que ha pedido también la UE. La propuesta del PP pasa por renovar el CGPJ con el sistema vigente y de forma paralela acordar la reforma de la ley del poder judicial para que sean los jueces quienes elijan la mayoría de los vocales.