La pandemia provocada por la covid-19 se ha convertido en la peor crisis humana y económica del mundo, con más de 1 millón de muertos y casi 38 millones de casos confirmados. Sin embargo, la situación actual va más allá de una emergencia sanitaria y ha evolucionado también hacia una crisis económica y humanitaria que ha puesto de manifiesto una serie de fragilidades y desigualdades muy graves entre países y dentro de ellos.
Una de las principales consecuencias derivadas de la crisis del coronavirus han sido las enormes pérdidas en ingresos, superiores a los 220.000 millones de dólares en los países en desarrollo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Además, el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas (Unuwider) advierte que las consecuencias económicas podrían incrementar la pobreza en todo el mundo y afectar a 500 millones de personas más (un 8 % de la población mundial).
Esta sería, por lo tanto, la primera vez que aumenta la pobreza en todo el mundo durante los últimos 30 años -el índice de personas en extrema pobreza descendió un 26 % entre 1990 y 2015- y confirmaría que la crisis de la Covid-19 ha puesto en riesgo décadas de progreso en la lucha contra la pobreza.
En este sentido, el aumento de la pobreza deriva en mayores desigualdades, que perjudican el crecimiento económico y socavan la cohesión social. Esta situación conlleva un incremento de las tensiones políticas y sociales e impulsa la inestabilidad y los conflictos.
Con tal de poner freno a esta situación y evitar que las consecuencias se agraven durante los próximos años, las Naciones Unidas han impulsado un plan conjunto que incluye a todos los Estados, el sector privado y la ciudadanía, con el fin de fomentar la solidaridad hacia los países más vulnerables del mundo.
Así pues, el «Marco para la respuesta socioeconómica inmediata a la Covid-19» pretende lograr una pronta recuperación social y económica en los países de ingresos medianos y bajos, con unas necesidades financieras de 1.000 millones de dólares en los primeros nueve meses.
La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. Es un problema de derechos humanos que incluye manifestaciones como el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o la salud.
En la actualidad, 700 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema (menos de 1,90 dólares diarios) y luchan para satisfacer sus necesidades más básicas. Las causas más comunes que conducen a la pobreza son: el desempleo, la exclusión social y la alta vulnerabilidad de determinadas poblaciones a los desastres y las enfermedades.
En ese marco, el 70 % de las personas en situación de pobreza extrema viven en Asia Meridional y África Subsahariana. Además, los índices de pobreza extrema en las áreas rurales se sitúan en el 17,2 %, el triple que en las áreas urbanas.
Sin embargo, incluso los países más ricos del mundo albergan problemas con la pobreza y las Naciones Unidas estiman en 30 millones el número de niños y niñas que crecen pobres en estos países.
Por otro lado, a pesar de que el desempleo es uno de los factores más comunes que conducen a la pobreza extrema, disponer de un empleo no es garantía para esquivarla. Así pues, la proliferación de empleos precarios durante los últimos años derivó en que, en 2018, el 8 % de los trabajadores vivieran en situación de pobreza.
Las Naciones Unidas trabajan desde hace décadas por erradicar la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo para 2030. Para lograrlo, el economista Jeffrey Sachs cifró en 175.000 dólares el coste anual para poner fin a la pobreza en todo el mundo (menos del 1 % de los ingresos conjuntos de los países más ricos del mundo).
Con tal de hacer frente a la situación generada por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, lanzó una «respuesta integral» con el objetivo de salvar vidas, proteger la sociedad y facilitar una recuperación que nos lleve a un lugar mejor.
Por último, las Naciones Unidas consideran que garantizar la protección social de todos los grupos vulnerables -con principal atención para los niños y las niñas- es crucial para reducir la pobreza. En 2016, este índice se situaba en el 45 % y, debido a la crisis del coronavirus, no se espera que la cifra aumente en los próximos años.
