El grupo parlamentario del PP en las Corts y la Agencia contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana se han enzarzado en una batalla jurídica por el control de investigaciones en curso. Los populares quieren conocer actuaciones que la agencia tiene bajo investigación, pero el organismo que dirige Joan Llinares considera que con ello se desnaturaliza su función de lucha contra la corrupción. Entiende que dar cuenta a los partidos de los expedientes que tiene en curso ataca su independencia y ha solicitado amparo a la Mesa de las Corts.
De momento, en su ofensiva jurídica por conocer detalles de investigaciones en curso, el PP ha logrado que el Tribunal Supremo emita una providencia en la que se inadmite a trámite un recurso de la agencia contra una sentencia del TSJ. Una decisión que ya estimó la petición del PP de acceder a un expediente de investigación abierto, en concreto las ayudas al valenciano a empresas vinculadas al hermano del presidente de la Generalitat.
La agencia que dirige Joan Llinares asegura que el Supremo entiende que no hay normas estatales infringidas por lo que deriva la decisión a la Sala Especial de lo Contencioso-Administrativo del TSJ. Y añade que la sentencia no es firme todavía y habrá que esperar el dictamen de esta instancia judicial. De momento, el TS condena a Antifraude al pago de las costas, que fija en 2.000 euros.
Antifraude cree que la ofensiva del PP no tiene recorrido porque hay jurisprudencia del TSJ que ya determina que los parlamentarios de las Corts no tenían derecho de acceso a documentación reservada en virtud de una investigación en curso después de que el PP requiriera en su momento a la Conselleria de Hacienda el plan de control tributario, que tiene carácter reservado.
Además, consideran que la ley de creación la Agencia Valenciana Antifraude tiene como filosofía preservar la confidencialidad y reserva de sus actuaciones de investigación en curso, la protección de la identidad de los denunciantes o el hecho de que no se puedan revelar datos que son sensibles.
Llinares asegura que no puede entenderse la Agencia sin capacidad para proteger sus investigaciones con independencia de la persona o entidades de que se trate. Y cree que si hay que entregar los expedientes a los grupos políticos se quebraría la independencia la agencia.
"La entrega de expedientes de investigaciones en curso a los partidos políticos pondría en riesgo el desarrollo de las propias investigaciones, la identidad de las personas que denuncian o colaboran en la investigación y se destruiría el derecho constitucional a la defensa y a la presunción de inocencia de los investigados”, afirma Llinares. Las pretensiones del PP, explican en la agencia, vulneran la directiva europea de protección de las personas denunciantes y alertadora de corrupción.
Pero la síndica adjunta del PP, Eva Ortiz, exige a la Agencia Antifraude que entregue "lo antes posible" el expediente sobre las ayudas al valenciano a empresas de socios de Francis Puig, hermano del jefe del Consell, mientras que el PSPV, a través de su portavoz en la cámara, Manolo Mata, acusa a los populares de "reventar" este organismo.
Ortiz ha reprochado que Antifraude "no se puede saltar la Constitución, deben conocerla y saber que ampara derechos fundamentales de los diputados", y ha señalado que han pedido la comparecencia del director de la Agencia, Joan Llinares.
Pero Mata recuerda que los populares votaron en contra de la ley y calificaron la agencia de "gestapo". "Es una agencia que ha recibido todo tipo de menciones y reconocimientos internacionales por su labor y su trabajo pasa por la discreción", ha defendido, y ha añadido que si se le considera por los tribunales como un órgano administrativo más y todos los diputados pueden pedir las investigaciones abiertas, "es una manera de reventar" estos casos.
Mata: "Los populares votaron en contra de la ley, calificaron la agencia de gestapo y ahora la quieren reventar"
Por tanto, ha lamentado la "imposibilidad de gestión" que esto va a suponer para la Agencia Antifraude que, a su juicio, "pierde su sentido" y lo ha comparado como si la Policía tuviera la obligación de informar o también la Fiscalía o un tribunal sobre diligencias secretas. Así, ha resumido su opinión: "Es un experimento de mucho calado, creo que era muy bueno para luchar contra la corrupción y creo que alguien lo ha reventado".
