La auditoría de Alzira ve exceso de contratos menores y de urgencia

La Sindicatura de Comptes ha detectado «incumplimientos significativos de la normativa aplicable» en los perfiles del contratante y en los pliegos de condiciones de adjudicación de algunas obras municipales del Ayuntamiento de Alzira. La auditoría practicada a los ejercicios económicos de 2021 y 2022 no descubre grandes irregularidades administrativas, aunque aconseja mejorar la gestión en los contratos menores o de urgencia. El órgano de control de la Generalitat insta por ello al gobierno local a planificar adecuadamente las necesidades de contratación para no tener que recurrir a los contratos menores.

Los auditores afean que no se justificara adecuadamente durante esos años la declaración de urgencia o que se permitiera una modificación al alza del precio de un contrato sin ampliar el aval de manera proporcional o que la devolución de la garantía definitiva se realizara seis meses después de formalizar el contrato. Por ello, la Sindicatura recrimina al Departamento de Intervención que no planteara objeciones pese al incumplimiento de la normativa aplicable en la gestión de los fondos públicos.

Gestionar con previsión

Tras fiscalizarse las cuentas, los auditores proponen al ayuntamiento que elabore los presupuestos de manera que las dotaciones económicas sean suficientes para hacer frente a los gastos ordinarios de la entidad «sin tener que recurrir al mecanismo de reconocimiento extrajudicial de créditos, que pone de manifiesto una técnica presupuestaria deficiente». También aconsejan aprobar una fórmula general de adjudicación «que asegure la selección de la mejor oferta según la relación calidad-precio», dado que se prima a las ofertas de menor cuantía sin evaluar de manera adecuada otros conceptos. En este sentido, el Síndic insta al ayuntamiento a elegir «criterios de adjudicación realmente selectivos que permitan apreciar y evaluar ofertas diferenciadas».

Del mismo modo, recomienda que se desarrollen procedimientos «orientados a prevenir, detectar y solucionar de manera efectiva los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores».

Abuso de contratos menores

Durante la fiscalización de la contratación del año 2022 los auditores han constatado que ninguno de los contratos menores analizados justificaba de manera adecuada su necesidad. Los contratos menores son aquellos cuyo valor es inferior a 40.000 euros si se trata de obras o de hasta 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministro o de servicio. 

El presupuesto de Alzira supera por primera vez los 50 millones de euros

La auditoría destaca que en ocho de los diez contratos menores analizados no se habían creado los correspondientes expedientes de contratación. Es más, en uno de ellos ni se había llegado a incluir el presupuesto de la obra. También se ha detectado la realización de contratos menores «para atender necesidades recurrentes, permanentes y previsibles, como por ejemplo servicios de conserjería, contratos de transporte, asistencia informática y compra de uniformes», lo que denota que la contratación no se había planificado correctamente.

Los expedientes del nuevo acceso a la zona comercial o la reforma del pabellón polideportivo Fontana Mogort incumplieron la normativa

Entre los expedientes que incumplieron la normativa figura el contrato de mejora de los accesos del área comercial de la carrerera de Albalat. La auditoría señala que las excavaciones de los terrenos afloraron imprevistos que obligaron a modificar el precio del contrato sin ampliar el aval de manera proporcional y también alude a la todavía inacabada intervención en el pabellón polideportivo Fontana Mogort. Se presentaron nueve ofertas y el contrato de obras fue adjudicado al licitador que había ofrecido el precio más económico. Las situaciones imprevistas obligaron después a ampliar el presupuesto y los auditores ven injustificada la ausencia de informes.

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