El Ayuntamiento de Quart de Poblet, que vuelve a presidir la socialista Carmen Martínez tras ganar las elecciones por mayoría absoluta, ha solicitado a la Dirección General del Catastro la revisión a la baja de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos existentes en el municipio, con el objetivo de «adaptarlos más a la situación actual y dado que se cumplen los requisitos legales para poder acogerse a esta medida, que es potestativa», según explicaron ayer en un comunicado.
La reducción a la baja de los valores catastrales tiene un impacto significativo en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía) y en el de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), afectando también al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Esta medida de incentivo fiscal para la ciudadanía se une a otras adoptadas por el ayuntamiento. En concreto, para este año se acordó la reducción de la plusvalía en tres puntos. Asimismo, se contempla la exención en el pago de este impuesto para las personas que pierdan su vivienda habitual por impagos de la hipoteca, tanto en casos de ejecución hipotecaria como de dación en pago.
En cuanto a la contribución urbana, el consistorio mantiene la línea de ayudas que abrió el año pasado y que van desde el 30% hasta el 100% sobre el importe total del impuesto. Están dirigidas a familias del municipio con rentas muy bajas.
