La Fiscalía Provincial de Valencia ha iniciado diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia del PP de Rocafort sobre supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería de la Plaza de España de esta localidad. Lo curioso del caso es que el mismo partido que ahora denuncia aquel proceso era el que gobernaba el ayuntamiento cuando éste se llevó a cabo. Fue su exconcejal Carlota Navarro la que, estando en funciones, firmó en septiembre de 2010 el decreto de alcaldía por el que se elevaba a definitiva la concesión, y su exalcalde Sebastián Bosch el que firmaba el contrato.
Pero el objetivo de la denuncia de los populares no son sus excompañeros sino el actual concejal de Ciudadanos, Guillermo José Gimeno, al que acusan de esconder su participación en la empresa adjudicataria de la gestión del bar; de haber incumplido con el contrato de concesión, perjudicando así al ayuntamiento; y de que ya sabía que se le iba a conceder a él la explotación del servicio, ya que su hermano (funcionario municipal) estaba en la mesa de contratación.
En este sentido, la denuncia del PP afirma que la gestión del bar se adjudicó a una vecina de la localidad (Petra E. D.) pero que el servicio se prestaba a través de una empresa de la que esta vecina aportaba el 25 % del capital mientras Gimeno aportaba el otro 75 %. También aseguran los populares que la empresa se constituyó un mes antes de la adjudicación y que se domicilió en el mismo lugar del bar de la Plaza de España, «lo que da a entender que era conocedor de que se le iba a adjudicar a Petra, aunque la explotación la iban y la llevaron a cabo desde dicha mercantil».
Estas presuntas irregularidades que investiga la fiscalía son las que usó el PP de Rocafort para justificar la ruptura de negociaciones con C's para formar gobierno el pasado mes de junio. Ayer, y en declaraciones a este periódico, Gimeno aseguraba que la denuncia contra él es la respuesta del presidente local del PP, Alejandro Llácer por obligarle a dimitir como edil para negociar un posible pacto de gobierno con C's.
Gimeno „que recordó que años atrás, y siendo edil de Hacienda, Llácer defendió la legalidad del proceso„ insistió en que sólo fue socio de la concesionaria entre agosto y noviembre de 2010, «y ello como garantía de cobro de un préstamo de dinero que hago a la mercantil, retirándome de la misma cuando se me devuelve el dinero, sin que tuviera nada que ver ni antes ni después con la concesión».
