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El nuevo gobierno de la Pobla hereda del PP el pago de más de 2 millones en expropiaciones

El Supremo condena al consistorio a abonar 1,1 millones por una parcela en la playa y ya paga 1,12 por la antigua cooperativa

El nuevo gobierno de la Pobla hereda del PP el pago de más de 2 millones en expropiaciones

El nuevo gobierno de la Pobla hereda del PP el pago de más de 2 millones en expropiaciones

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento de la Pobla de Farnals a pagar 1,10 millones de euros a un particular por la expropiación de una parcela en la zona de la playa que había sido calificada como suelo dotacional en el Plan General de Ordenación Urbana aprobado a mediados de la década de los 90.

El coste de la expropiación está 302.529 euros por encima del justiprecio que había ofrecido el consistorio, una valoración que el actual alcalde Enric Palanca (PSPV) considera «adecuada» pero también «difícil de asumir» para un ayuntamiento que, como recordaba el regidor, a diferencia de la gran mayoría de los consistorios de l'Horta, presentó el pasado año un déficit en la liquidación del presupuesto de 2014, y que además no cumplía con los criterios de estabilidad presupuestaria exigidos por el Ministerio de Hacienda.

Pero, además, la de este terreno de la zona de playa de 1.739 metros cuadrados no es la única expropiación millonaria cuyo pago ha heredado el actual gobierno cuatripartito del anterior ejecutivo que presidía el popular José Manuel Peralta. Según ha explicado Palanca en declaraciones a este periódico, el consistorio ya ha empezado a pagar la expropiación aprobada el pasado 27 de marzo de la cooperativa agrícola San José, un edificio de 2.133,53 metros cuadrados situado en pleno casco urbano de la Pobla y declarado también dotacional, en este caso para uso sanitario, aunque el nuevo gobierno local quiere cambiarlo a dotacional. En este caso, los socios de la antigua cooperativa „un número «aún indeterminado» de personas, según señala el regidor, «ya que ni ellos mismos tienen muy claro cómo funciona„ recibirán del ayuntamiento un total de 1.127.061,2 euros.

En total, entre estas dos expropiaciones el Ayuntamiento de la Pobla tendrá que pagar en los próximos meses más de 2,2 millones de euros, «y aún puede salir alguna más por ahi», aseguró ayer Palanca. La gran diferencia con la expropiación de la parcela de la playa es que, en este caso, el precio solicitado por la cooperativa fue el mismo que ofreció el ayuntamiento. Es decir, no hubo conflicto entre propietario y expropiador, algo que ya fue denunciado por los socialistas cuando estaban en la oposición.

En aquella ocasión, el ahora alcalde tildaba de «desorbitado» el coste del edificio «para los precios de mercado actuales» y criticaba que el ejecutivo popular (que en el pleno contó con el apoyo del edil de Cslpf) actuara «con total connivencia con los intereses de los afectados».

Como en el caso de la parcela de la playa, y al haber sido un inmueble declarados como dotacional en el PGOU, fue la propia cooperativa la que instó al ayuntamiento a ejecutar la expropiación sobre su nave almacén de la calle Rufes. Además, no afectaba a todo el inmueble pero la entidad agrícola no logró vender la parte del edificio no afectada por el plan general.

El consistorio, según denunció el PSPV, «contrató los servicios externos de una sola empresa de tasación. El precio fue de 1,1 millones de euros cuando el valor catastral del inmueble comprobable para el presente año (es decir, 2015) es de 786.192 euros». También aseguraron los socialistas que a la asamblea en la que la cooperativa aceptó la tasación participó apenas el 1 % de los socios y que ésta no estaba al «al día con sus obligaciones fiscales».

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