La Mancomunitat de l'Horta Sud aprobó ayer por unanimidad iniciar el expediente para suspender durante seis meses el contrato con la empresa gestora de los fotorrojos, el sistema de cámaras que sanciona a los conductores que se saltan el semáforo en rojo, instalados en Catarroja, Sedaví, Picanya, Massanassa y Beniparrell. En su primer año de funcionamiento, han sido multados 34.703 infractores con lo que el volumen de sanciones ha ascendido a 6,9 millones de euros, aunque de momento los consistorios han ingresado 1,7 millones, un 20% del cual se lo queda la empresa concesionaria.
La suspensión del contrato se abordó en el transcurso de una Junta Extraordinaria del órgano de Gobierno de la entidad comarcal y salió adelante en base a un informe elaborado por la secretaria que apoya congelar la concesión ante la disparidad de criterios en nueve sentencias emitidas por juzgados de Catarroja tras los recursos presentados por conductores multados. Por una parte, varios fallos dieron la razón a los usuarios afirmando que era necesario el control meteorológico de las cámaras, mientras que otros autos determinaron que el proceso sancionador es legal.
Ahora, la Mancomunitat espera que durante estos meses juzgados de Catarroja y Massanassa resuelvan más recursos que permitan decantar la balanza sobre si el sistema es legal o no. En función del resultado, el ente comarcal tiene preparadas dos vías de actuación. O bien emprende la rescisión unilateral del contrato si las sentencias van fallando en contra del sistema sancionador o presenta un recurso de casación ante el Tribunal Supremo si se siguen produciendo fallos judiciales contradictorios como hasta ahora para que el alto tribunal resuelva la indefinición judicial.
A su vez, la Mancomunitat comunicará a la empresa su decisión de suspender temporalmente la concesión. La gestora tendrá un periodo de alegaciones en el que con toda probabilidad presentará un informe detallado sobre los daños económicos que supone la paralización. El ente comarcal podrá contraponer esas consideraciones y en caso de no llegar a un acuerdo amistoso „como que si la justicia da la razón al sistema sancionador, esos seis meses se prorroguen al final del período de concesión„se volverá a convocar una nueva junta de gobierno para trasladar qué cantidad solicita la empresa y será cada ayuntamiento el que tenga la capacidad de decidir si asume la indemnización o retoma el servicio.
Los fotorrojos es un proyecto que adjudicó en diciembre de 2014 la Mancomunitat que gobernaba la popular Soledad Ramón, exalcaldesa de Catarroja. La concesión se firmó por cuatro años con un montante global de 949.000 euros. Los cinco municipios adheridos se llevan el ingreso de las sanciones, menos un 20% que va para la empresa, que es la encargada de remitir a cada consistorio las imágenes con los infractores cazados, mientras que son los alcaldes los que firman la sanción.
La proliferación de multas, sobre todo en los primeros meses de funcionamiento, provocó un aluvión de quejas de los residentes ante sus consistorios, llegando a amenazar a alguno de los alcaldes por la instalación de las cámaras en la anterior legislatura. De hecho, cuatro municipios aumentaron al máximo la fase ámbar de los semáforos para reducir el impacto sancionador.
