Todo se hizo con arreglo a la ley y de forma «escrupulosa», cumpliendo con el real decreto vigente cuando se realizó el concurso y en un proceso en el que los técnicos nunca pusieron ninguna pega. Estas son, básicamente, las tres líneas de defensa principales mostradas por el alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí (PP), en el juicio penal iniciado ayer contra él por un presunto delito de prevaricación administrativa al haber adjudicado «a dedo» (según estableció el juzgado de primera instancia) a un estudio de arquitectura la redacción del proyecto básico y de ejecución del Auditori del Centro Musical Paternense. Además, en su declaración el también expresidente del PP de Paterna ha acusado a la secretaria municipal (que declarará como testigo el próximo jueves) de haber dado una «información incompleta» a la Abogacía del Estado sobre la adjudicación de este proyecto y por eso la Delegación del Gobierno recurrió el acuerdo municipal por el que se adjudicó el contrato.
Además del acusado „para el que la Fiscalía y la acusación particular (el PSPV de Paterna, con Jorge Alarte como abogado) piden 9 años de inhabilitación„ ayer declararon en calidad de testigos los tres socios de la empresa adjudicataria del contrato (Estudio de Arquitectura de Paterna), el actual alcalde Juan Antonio Sagredo, el exgerente de la empresa municipal Sumpa, Jorge Silvestre, y su sucesora Carmen Martínez Reig, el consejero de la Sumpa y exteniente de alcalde, Ignacio Gabarda, la responsable de contratación y una arquitecta municipales y el letrado del ayuntamiento.
Agustí fue el primero en declarar y contestó a las preguntas de la fiscal, el abogado de la acusación y el de la defensa durante algo más de una hora. Ante el ministerio público, el exalcalde defendió la decisión de adjudicar a EAP el proyecto de redacción y ejecución del Auditori mediante un concurso negociado sin publicidad porque había ganado previamente el concurso de ideas sobre el proyecto convocado por la Sumpa. Según el exalcalde, los pliegos y bases de este concurso establecían la posibilidad de que el ganador fuera posteriormente el adjudicatario del proyecto porque así lo permite el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Tanto Agustí como su abogado defendieron que este decreto estaba vigente en abril de 2008, cuando se redactaron las bases del concurso, y por eso «se cumplió la ley de forma escrupulosa» y ni el Interventor ni el oficial mayor pusieron pegas al proceso.
Urgente para optar al Plan E
El exalcalde explicó que EAP ganó el concurso para redactar el proyecto en julio pero no fue hasta el 4 diciembre cuando él mismo se puso en contacto con los socios del estudio para que presentaran el proyecto básico «urgentemente» para optar a la financiación del Plan E que puso en marcha el gobierno de Zapatero. Esta reunión „«para agilizar la tramitación», según Agustí„ tuvo lugar en el propio despacho de alcaldía aunque los arquitectos testificaron posteriormente que el entonces alcalde ya les había avisado en plena calle.
El 23 de diciembre la Junta de Gobierno Local aprobó la propuesta y ni el interventor ni el oficial mayor se opusieron, como tampoco lo hicieron en el consejo de administración de Sumpa de febrero cuando el gerente informó de que se estaba redactando el proyecto, según destacó Agustí ante la fiscal. Sobre los honorarios que cobró EAP por la redacción y ejecución del proyecto (456.470 euros más el IVA), el exalcalde señaló que la cantidad se estableció basándose en los baremos del Colegio de Arquitectos y corresponden al 10 % del coste del proyecto. «El arquitecto municipal se mostró conforme», añadió el ex regidor.
El 23 de enero de 2009 Agustí firmó el decreto que encomendaba a la Sumpa la adjudicación del proyecto «con el visto bueno del Oficial Mayor y la Secretaria», destacó el exalcalde. El contrato con EAP lo firmó la gerente de la Sumpa Carmen Martínez (había sido nombrada unos días antes) cuando el proyecto ya se había aprobado e iniciado y no es hasta entonces cuando (según el auto judicial de hace un año por el que se abrió este juicio oral contra Agustí) se somete el «acuerdo verbal» de diciembre del alcalde con el estudio «al asesoramiento, control o fiscalización de los altos funcionarios». En julio de 2010 la Delegación del Gobierno recurrió el acuerdo municipal por el que se adjudicó el contrato a EAP, recurso que Agustí achacó ayer a que la secretaria «no remitió todos los datos sobre la ley que se debía aplicar, quiero pensar que por error o por olvido».
La secretaria municipal también realizó un informe que no avalaba el pago de los honorarios de los arquitectos que aprobó el pleno en marzo de 2010. Agustí recordó en su declaración de ayer que este informe entraba en contradicción con otro del interventor y del jefe de planeamiento avalando el pago. «El pago fue sometido a todos los controles en todo momento, a Dios gracias», subrayó. Pese a ello, una sentencia del contencioso de junio de 2012 anuló el acuerdo por el que se establecía el pago «por ser contrario a derecho», algo que ayer Agustí también achacó a que el tribunal «reprodujo el informe erróneo de la secretaria y obvió el del interventor».
