Ya es oficial desde ayer por la mañana la disolución del Instituto Municipal de Cultura y Juventud y de la Fundación Vicent Andrés Estellés, organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento de Burjassot. Tras la extinción automática de ambas entidades llevada a cabo por el Ministerio de Hacienda al entender que incumplían la ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y que se hallaban incursas en un «desequilibrio financiero», así lo comunicó el Gobierno central en sendas notificaciones, la corporación municipal se vio obligada a convocar un pleno extraordinario para disolverlas y remitir al ministerio la información de su disolución.
Tras dar cuenta de la disolución de las dos entidades, el consistorio ha asumido la gestión del Instituto Municipal de Cultura y Juventud con el compromiso de seguir ofreciendo los mismos servicios que hasta la fecha. No obstante, la liquidación de la entidad ha generado preocupación en la plantilla de su personal, sobre todo el laboral. Mientras los funcionarios serán absorbidos «automáticamente» por el ayuntamiento, no está claro el futuro que les aguarda a los trabajadores no funcionarios.
Desde el sindicato Comisiones Obreras de la corporación, abogan por conservar todos los puestos de trabajo. En declaraciones a Levante-EMV, el alcalde, Rafa García, indicó que «el ayuntamiento ya ha solicitado un informe técnico para saber cómo proceder respecto al personal laboral». No hay nada decidido por ahora. Sin embargo, durante su intervención en el pleno, el alcalde dijo que ayuntamiento «mantiene los mismos servicios que ofrecía el Instituto y, por tanto, tenemos las mismas necesidades de personal».
El ayuntamiento está decidido a exigir al Gobierno la corrección de las dos notificaciones de Hacienda que lo han llevado a liquidar el Instituto de Cultura y la Fundación Estellés, cuya financiación, desde que se crearon, venía incluyéndose en el Presupuesto municipal. El consistorio alega que ambas entidades «no tienen actividad económica y, por tanto, no deberían estar sujetas al Plan de Corrección de Desequilibrio Financiero» del ministerio.
García, manifestó que «hay base jurídica para reclamar la modificación de ambas notificaciones» y señaló que «se ha de respetar la autonomía municipal». Según el mandatario, el Gobierno «debería haber instrumentado un cauce formal por el cual proceder a la aplicación de esta ley que obligaba a extinguir ambas entidades». Asimismo, añadió, «se debería haber respetado el principio de audiencia a las partes interesadas, sobre todo teniendo en cuenta los efectos económicos que esto conlleva». En estas circunstancias, el ayuntamiento entiende que «no hay lugar para la disolución automática».
