«En su conducta no ha concurrido una mera ilegalidad, sino un claro abuso de poder derivado de la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública y su condición de alcalde y que ha utilizado para imponer arbitrariamente su decisión, con evidente inobservancia del procedimientoa que debería haberse ajustado». Con este contundente argumento, que ya había utilizado el Tribunal Supremo en el año 2000, el exalcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, ha sido condenado a siete años de inhabilitación para cargo público por un juzgado de la ciudad, por un delito de prevaricación, al adjudicar a dedo la redacción y dirección de la obra del auditorio a un estudio de arquitectos, en el año 2008.
La sentencia, dictada el 12 de agosto y que se hizo pública ayer, se produce a raíz de una denuncia que en 2013 interpuso el PSPV de Paterna. El fiscal pidió nueve años aunque finalmente el fallo establece siete años de inhabilitación para cargo público, una condena que en la práctica no tendrá efecto porque Agustí lleva desde el verano de 2014, cuando dimitió de alcalde y se dio de baja del Partido Popular, apartado de la política.
El exmandatario anunció ayer que recurrirá la sentencia aunque no quiso hacer más valoraciones. A lo largo del proceso, ha defendido su inocencia con el argumento de que en sus decisiones no hubo informes en contra.
No lo ha considerado así el juzgado. En la sentencia se explicita que «ha quedado acreditada la ausencia total y absoluta de cualquier clase de procedimiento para la adjudicación al Estudio de Arquitectura de Paterna, SLP de la obra del auditorio, inobservando las más elementales normas de procedimiento para la contratación, siendo la conducta del acusado no solo contraria a derecho, sino también arbitraria y habiendo tenido conocimiento de ello».
En concreto, todas las partes reconocieron en el juicio que Agustí citó al equipo de arquitectos que había ganado el concurso de ideas para la zona, a solas en su despacho para encargarles la redacción del proyecto. Un equipo con el que además, como señala la sentencia, había coincidido hacía años «en algún proyecto» ya que es arquitecto. Y además, la firma presentó el proyecto en el ayuntamiento semanas antes de que el alcalde le encargara a la empresa municipal Sumpa la gestión.
Si bien el fallo considera que el concurso de ideas restringido para intervenir en la zona fue legal y también la encomienda a la Sumpa, añade también que «resulta evidente que ningún procedimiento para la adjudicación de un proyecto como lo era el del auditorio de Paterna puede llevarse a cabo partiendo de una mera conversación y encargo en el despacho del Ayuntamiento, sino que ha de superar una serie de filtros esenciales para garantizar el debido funcionamiento de la Administración Publica». Para ello, en el fallo judicial se enumeran las advertencias en forma de informes técnicos que a posteriori realizaron diversos altos funcionarios. Precisamente en este punto ha incidido también el abogado del PSPV y exalcalde de Alaquàs, Jorge Alarte, que valoró ayer que «era un caso muy evidente de prevaricación».
«No le deseo nada malo»
El alcalde socialista de Paterna, Juan Antonio Sagredo, mostró ayer su satisfacción por la sentencia y recordó que «el 90% del grupo municipal del PP son sus cómplices en este y otros casos y voy a exigirles que pidan perdón al pueblo, como ellos se lo exigen a Compromís cuando pierde una sentencia». Sagredo insistió en que «este asunto nunca fue un tema personal, como Agustí nos acusaba, y de hecho no le deseo personalmente nada malo aunque dejó de hablarme hace años y me hizo algún desplante en público». El mandatario reconoció que ha soportado «mucha presión en estos tres años y que me dijeran de todo en los plenos».
Por su parte, la portavoz del Partido Popular, María Villajos, indicó ayer que respeta la sentencia aunque consideró que no tiene valoraciones que hacer sobre el contenido «porque Lorenzo Agustí dejó de ser alcalde y se apartó del partido hace dos años de forma voluntaria». En las filas de Compromís, el portavoz Juanma Ramón consideró que la sentencia «demuestra que Agustí gobernó el pueblo para sus amigos y no para el interés general».
