La Entidad Metropolitana de Saneamiento Hidráulico (Emshi) pretende pagar un euro al año a los ayuntamientos de Picassent y Manises como compensación por los efectos negativos que producen en estos dos municipios las plantas potabilizadoras que abastecen a toda el área metropolitana. De esta forma, la Emshi quiere cumplir con la sentencia firme del juzgado de lo Contencioso Administrativo que le obliga a recuperar estas compensaciones que se pagaron entre 2006 y 2011, una sentencia que también obliga a la entidad a abonar dos millones de euros a Picassent por el canon que no ha cobrado desde 2012 hasta ahora. Manises también ha reclamado por vía judicial recuperar esta compensación, aunque de momento no existe una sentencia al respecto.
El subsidio que durante seis años estuvieron ingresando los dos municipios por los efectos negativos de las potabilizadoras era de unos 500.000 euros en cada ejercicio. La pretensión de reducir a un euro al año esa compensación estuvo a punto de hacerse realidad ayer al incluirse en la asamblea celebrada en el Ayuntamiento de Valencia la «aprobación del acuerdo de determinación del nuevo sistema de compensación por la existencia de las externalidades negativas (efectos negativos) producidos en Manises y Picassent por las plantas potabilizadoras en 2017». «Es una burla „aseguraba antes del pleno la alcaldesa de Picassent Conxa García„. Están cerrando las puertas a cualquier negociación».
Pero, finalmente, el punto ha sido aplazado hasta la próxima asamblea a petición de los representantes de los dos municipios afectados y de otros miembros de la asamblea de la entidad. Así lo anunció el presidente de la Emshi, y concejal socialista de Valencia, Vicent Sarrià, que justificó la retirada en la petición de los ayuntamientos afectados de abrir un «proceso de diálogo» para establecer el canon. Sarrià explicó que la compensación de un euro que había establecido la comisión de Hacienda de la Emshi se fijaba «de forma preventiva» mientras se resuelve el recurso que ha presentado la entidad.
Tras la asamblea de la Emshi, y en declaraciones a Levante-EMV, Sarrià destacó que la mayoría de los representantes municipales siguen considerando «absurdo» que la entidad deba pagar a Manises y Picassent una cantidad de dinero por las supuestas molestias de las potabilizadoras «que no pueden demostrar». «El juez „reconocía ayer el presidente de la Emshi„ considera que el sistema de compensaciones por las externalidades negativas sigue vigente, pero no establece una cantidad, y por eso nuestros técnicos nos han recomendado que paguemos un euro. Porque si fuera por nosotros, pagaríamos cero, que es lo que se le paga a Valencia por tener la depuradora de Pinedo, que sí provoca molestias, ni a Paterna por los tres depósitos que tiene, o a Moncada o Puçol que también instalaciones de la Emshi».
Sarrià recordó que fue Enrique Crespo, por entonces presidente de la Emshi, el que estableció en 2006 el pago de este subsidio para su ayuntamiento, sin disponer de ningún informe que justificara que la potabilizadora tenía efectos negativos sobre el municipio. «Fue una decisión completamente política y para que no fuera un escándalo, se aprobó el mismo subsidio para Picassent, que también tiene potabilizadora», aseguró el edil socialista.
Crédito para pagar
Lo que sí se aprobó ayer la asamblea de la Emshi fue la modificación de créditos para poder pagar los 2 millones de euros que el juzgado ha resuelto que se han de abonar a Picassent por los subsidios que no se han abonado en los últimos cuatro años. Fue el pasado 4 de octubre cuando el juzgado de lo contencioso administrativo número 10 de Valencia anuló parcialmente el acuerdo plenario de la Emshi del 23 de junio que se aprobó con casi el único voto en contra de los representantes de los municipios afectados, Picassent y Manises.
El mismo auto que considera que las compensaciones por las «externalidades negativas» siguen vigentes (aunque sin establecer cuánto se ha de pagar) también insta a la Emshi a pagar de inmediato la deuda a Picassent, bajo amenaza de imponerse multas coercitivas. En el texto, el juez requiere a la entidad «para que en plazo máximo de un mes concluya el expediente iniciado para determinación de las sumas debidas a que reconoce el derecho la sentencia citada „del 20 de enero de 2016„ y abone las mismas». Con todo, la resolución judicial daba opción a la entidad metropolitana a presentar un recurso en el plazo de 15 días, algo que ya se ha llevado a cabo.
La Emshi tiene que abonar a Picassent dos millones de euros en concepto de subsidio de cuatro ejercicios por tener en su término la planta potabilizadora. En el caso del consistorio objeto del litigio, se estableció en 495.511 euros anuales. No obstante, otro acuerdo de la Emshi del año 2011 anuló este pago anual, basándose un informe de Secretaría que cuestionaba la validez legal del acuerdo de 2006. En aquella propuesta se incluyó «estudiar una fórmula compensatoria», que no se realizó nunca.
La decisión provocó recursos de los consistorios afectados. Picassent alegó ante la Emshi y al ser rechazados sus argumentos, impugnó los presupuestos de 2012 de la entidad por no tener reservada la partida que le correspondía percibir. Finalmente, el consistorio acudió al juzgado y después de tres años de batalla, obtuvo sentencia firme favorable del Tribunal Superior de Justicia en enero de 2016.
