El 22 de octubre de 2012, Manuel, vecino de Burjassot, se lanzó al vacío desde un segundo piso justo en el momento en el que una comisión y una patrulla de la Policía Local tocaba el timbre de su casa para desahuciarle. Manuel resultó malherido y su historia sirvió en toda España como ejemplo del drama de los desahucios y de la desesperación en la caen las familias que van a perder su hogar. Es en esa época, en ese punto álgido de la crisis económica, cuando surgen en toda España los primeros movimientos antidesahucios y cuando los ayuntamientos empiezan a ofrecer a sus vecinos un asesoramiento que en muchos casos ha sido fundamental. En el caso de l'Horta, todos los municipios ofrecen ayuda a las víctimas de los lanzamientos hipotecarios, ya sea de forma directa como a través de las mancomunidades o de convenios con la diputación.
Uno de los primeros ayuntamientos en poner en marcha un servicio de asesoramiento a afectados por desahucios fue Alaquàs. En el año 2013, el servicio registró 34 lanzamientos judiciales, de los cuales 10 fueron atendidos por los servicios sociales municipales. En 2014 hubo 52 lanzamientos y atendió 18. En 2015 atendió 10 d elos 39 registrados, y hasta noviembre de este año se han registrado 61 y los servicios sociales han mediado en 20. Este incremento se debe, según el consistorio, a la lentitud de procesos judiciales de otros años que están saliendo ahora.
Paterna fue otras de las localidades que en 2012 creó una Oficina de Mediación Hipotecaria. Desde entonces ha atendido alrededor de un millar de desahucios. En lo que va de año se han realizado ya 64 asesoramientos telefónicos y 119 presenciales. Otro veterano es Alfafar, que desde hace cuatro años ha abierto 250 expedientes de lanzamiento hipotecario, que se suelen resolver mediante daciones en pago con alquiler social o reestructuraciones de la deuda favorables a las familias afectadas. Las gestiones las realiza una joven cooperativa de abogados, economistas y sociólogos, El Rogle, que desde hace unas semanas también gestiona este servicio para Xirivella (con 20 expedientes abiertos desde octubre) y la Mancomunitat de l'Horta Sud (también con una veintena de casos). «Ahora se habla menos de los desahucios, pero el problema no ha pasado, siguen dándose las mismas cifras que antes», aseguran desde El Rogle.
En Torrent, el propio concejal de Bienestar Social, Francisco Carbonell, asesora y media los casos que llegan al ayuntamiento, y si no se derivan a la empresa municipal Nous Espais. En Puçol, se creó hace 8 meses un servicio de asesoramiento gestionado por un gabinete jurídico externo que acompaña a los afectados para intermediar con los bancos. Y en Moncada, el consistorio creó en diciembre un grupo de trabajo de Emergencia Social que trabaja con los juzgados (el viernes se reunieron con el decano Joaquín Bosch) para prevenir la ejecución de los lanzamientos hipotecarios y estudia crear una bolsa de vivienda social para las víctimas de los desahucios.
