Torrent dio ayer carpetazo al caso de la compra de uniformes de la Policía Local, más de un año después de que arrancara un proceso que ha obligado a devolver las prendas por incumplir el decreto del Consell respecto al color y que se encuentra en la fiscalía por la denuncia del Partido Popular.

En las conclusiones acordadas por los cinco partidos que conformaban la comisión de investigación, los grandes señalados son Eduardo Martínez, jefe de la Policía, y José Antonio Castillejo, concejal de Seguridad. Al intendente„redactor del pliego„ se le atribuye «toda la responsabilidad técnica del proceso» y se propone que no vuelva a participar más en procesos de contratación y que se le abra expediente por los hechos. En cuanto al concejal, la comisión acuerda que «sin mala intención» tuvo una «actitud poco prudente» al no obtenerse los permisos que requería el secretario, comprando los uniformes «sin saber de manera firme si podrían usarse oficialmente». Por ello, le retiran las competencias en materia de contratación y firma de convenios.

Pero también la Generalitat se lleva duros reproches. Considera «inexplicable» su «lentitud» y sentencia que sus informes «eran lo suficientemente ambiguos como para inducir al error». Insiste que esa «ambigüedad ha impedido resolver el caso en tiempo y forma, demostrando una falta de claridad y concreción para colaborar con los ayuntamientos» . Se refiere a informes del Gabinete Técnico de Policías Locales, del Ivaspe y del propio José María Ángel, director general de Seguridad, respecto al color de las prendas que pueden usar los agentes «al parecer posibilitar el azul celeste». Además, «resulta acreditado» que «sí existía un borrador» para modificar el actual decreto de uniformidad para cambiar el amarillo, actual color, por el azul celeste, tono que se compró para Torrent. Ángel lo negó en su comparecencia. A su vez, se acusa al Consell de que el Gabinete Técnico de Policías «no funcionaba» y que las solicitudes de los ayuntamientos para autorizar el cambio de prendas «no han obtenido respuesta y pueden usarlas por silencio impositivo».

En las concesiones para consensuar las conclusiones, el PSOE ha incluido que el proceso «ha sido el legalmente previsto» y que hasta la adjudicación «todos los informes eran favorables». También el PP ha tenido que admitir que durante su gobierno (2007-2015) «se venía incumpliendo sistemáticamente el Decreto de Uniformidad en aspectos ajenos al color» y que las prendas «padecían muchos defectos de calidad».