Entre el Ayuntamiento de la Pobla de Farnals y el juzgado de Massamagrell apenas hay un cuarto de hora andando y cinco minutos en coche. Durante algo más de tres años, Natividad García hizo aquel recorrido decenas de ocasiones para declarar por distintos asuntos (robos, agresiones, amenazas, contrataciones sospechosas, malversación...) ya fuese como denunciante, testigo o acusada. Ahora, para que le condenen a dos años de prisión por un delito de cohecho por haber recibido 8.600 euros a cambio de una contrata, la que fuera alcaldesa de la Pobla ha tenido que ir un poco más lejos, en concreto a la Audiencia de Valencia. Pero fue allí, entre su despacho consistorial y el juzgado de Massamagrell, donde García echó los dientes en ese mundo en el que el conflicto político y el judicial se convierten en una única sustancia pegajosa y desagradable.
Nacida en Massamagrell pero casada con un vecino de la Pobla, Natividad García entró en la política local como mano derecha de José Manuel Peralta, el candidato del PP que en mayo de 2007 logró acabar con 28 años de gobiernos de izquierdas en esta localidad de l'Horta Nord. Había sido técnica jurídica de la Conselleria de Bienestar Social y mantenía una buena relación de amistad con altos cargos del PP valenciano. Como abogada que era, ella misma redactó un documento en el que se comprometía a dejar su acta de concejala si surgían discrepancias con el alcalde. Pero no lo cumplió y en octubre de 2008 encabezó una moción de censura contra su mentor con el apoyo de otro edil del PP (Nacho Lluch) y los ediles del PSOE, incluyendo el exalcalde Josep Vicent Sanchis. Lo primero que hizo García como alcaldesa fue ir al cuartel de la Guardia Civil para denunciar los intentos de agresión que sufrió durante su toma de posesión. Lo segundo fue aprobarse una retribución anual de 41.220 euros, 6.000 euros más de lo que ganaba siendo teniente de alcalde del PP. Este sueldo era por una dedicación del 90 % ya que la nueva munícipe poblatana mantenía una relación profesional con la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), un despacho de abogados vinculado al otro protagonista de esta historia, el entonces secretario municipal de Canet d'En Berenger, José Antonio Sancho. Unos días después de obtener la vara de mando, García decretó que todos los asuntos judiciales y extrajudiciales del consistorio los llevara la AVJ, entre ellos la defensa en un recurso sobre sueldos interpuesto por una funcionaria que, al mismo tiempo, era asistida por un letrado de este mismo despacho. La funcionaria era, para cerrar el círculo, hija de Sancho, ya entonces asesor de la alcaldesa y, entre marzo y y mayo de 2009, también interventor.
En aquella primavera de 2009 la buena relación entre García y Sancho («eran muy muy amigos», comentaba ayer una persona entonces muy cercana a la alcaldesa) estuvo a punto de romper el recién estrenado gobierno entre expopulares y socialistas. Sancho preparaba un informe sobre supuestas «irregularidades» cometidas por Sanchis cuando era alcalde. Sanchis y otras dos ediles del PSPV presentaron su dimisión, y García tuvo que retractarse y pedir disculpas a sus socios para mantener la coalición, que se mantuvo a duras penas durante el resto del mandato. Sancho no volvió a trabajar para el ayuntamiento, pero sí la AVJ. De hecho, en mayo de 2011, cuando anunció que dejaba la política, García adjudicó a la empresa de su amigo la asesoría del consistorio por 57.600 euros. Según uno de sus socios de entonces, tras dejar la alcaldía, Nati (como la conocían todos en el pueblo) no volvió a aparecer por allí e hizo vida en la urbanización Alfinach de Puçol, donde tenía aquel chalet que adquirió siendo ya alcaldesa y tras divorciarse de su marido. En el juicio por el que ahora ha sido condenada a prisión, García aseguró que los 8.600 euros que le llevan a la cárcel se los prestó Sancho para adquirir este chalet.
