La mayoría de los ayuntamientos de l'Hortaayuntamientos de l'Horta han liquidado 2016 con superávit y remanente de tesorería positivo, y por eso los alcaldes y alcaldesas piden menos restricciones para poder acometer inversiones (algunos tienen superávit pero no cumplen con la regla de gasto o con el pago a proveedores) y solicitan que el Ministerio de Hacienda permita también destinar el superávit a realizar nuevos contratos para fortalecer las plantillas y mejorar los servicios municipales.
«Es necesario que el gobierno de Rajoy y Montoro flexibilice el marco normativo para permitir a los ayuntamientos hacer una gestión más eficaz y resolutiva y poder atender las necesidades de la ciudadanía», reivindicaba la edila de Hacienda de Meliana, María Pilar Asensio, después de que su ayuntamiento liquidase 2016 con superávit de 620.000 euros. «Hay actuaciones como convertir el Hogar del Jubilado en un Centro Integral para Mayores que no se pueden ejecutar por las restricciones del Gobierno aunque el ayuntamiento tiene una situación económica óptima».
En Burjassot, el ayuntamiento ha conseguido en 2016 un superávit de 1,1 millones y, tal como indica el alcalde Rafa García existen destinos preferibles que amortizar deuda bancaria. «Si se pudiera invertir como ayuntamiento sería preferentemente en servicios sociales, ayudas a la vivienda, planes de empleo e inversiones para la mejora de las instalaciones», explicó el regidor socialista.
Foios quiere destinar el superávit a pagar facturas sin consignación por más de 500.000 euros. «El criterio Montoro de destinar el remanente positivo a pagar deuda bancaria es absurdo, porque el nivel de deuda del 70 % nos permite ir a una nueva operación de crédito para pagar esas facturas, con lo que reduciríamos la deuda por un lado y lo aumentaríamos por otro, pero en peores condiciones», señalaba Gumer Inarejos, edil de Hacienda.
En su caso, Aldaia, tal como explica el alcalde Guillermo Luján, finalizó 2016 con 6,8 millones de remanente positivo y un superávit de 3,5 millones. La fórmula usada por este consistorio para romper el encorsetamiento de las leyes del Gobierno es amortizar 4 millones de deuda y pedir un préstamo de 3 millones para inversiones a corto y medio plazo. «No tienen sentido estas imposiciones en ayuntamientos saneados, podemos invertir en obras pero no contratar personal para prestar nuevos servicios innovadores para la ciudadanía».
Y en Rafelbunyol, con un superávit en 2016 de 1,7 millones, su ayuntamiento sólo puede amortizar deuda ya que su nivel de endeudamiento supera el 75 %. «Es absurdo porque la deuda está programada para ir pagándose en varios años -señalaba ayer el alcalde Fran López-. Nos vendría bien usar parte del superávit en programas de ocupación o formación o en contratar técnicos. En definitiva, lo utilizaríamos para hacer política municipal. Montoro nos trata como a menores de edad».
Manises liquidó 2016 con un superávit de 2,8 millones. El concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez, avanzó que la idea «es destinar una parte a deuda y otra a inversiones, aunque la cantidad la marcará el ministerio». Entre las inversiones figura la bajada de acceso a los colegios, la segunda fase de remodelación del Auditori Germanies o el parque Gutiérrez Mellado. El edil lamentó la ley Montoro «impide la contractación del personal necesario para la prestación de los servicios y su remunicipalización».
Xirivella tiene en cartera más de 667.000 euros en remanente de tesorería y que querría destinar a «aumentar recursos personales del consistorio, inversiones o pago a proveedores» pero «se destinará a la amortización de deuda», criticaron fuentes del consistorio. En Quart, la liquidación del pasado ejercicio deja un remanente positivo de 6,7 millones. La gestión financiera del consistorio le permite destinar parte de ese dinero a inversiones como la actuación en el eje Trafalgar-Villa de Lugo o en hacer accesible el puente que separa el municipio de Mislata.
El alcalde de esta última localidad, Carlos Fernández Bielsa, criticaba que, tras haber logrado el consistorio un remanente positivo de 3,7 millones, el Gobierno de Rajoy le «obligue a destinar el superávit a los bancos y no se pueda revertir en políticas para mejorar la vida de la gente».
