Afaf aún recuerda el día que fue a su banco en Silla y le dijeron que no constaba que tuviera una vivienda a su nombre. «Literalmente me dijeron que estaba de okupa en mi propia casa, no me lo podía creer», relata en el comedor de la vivienda que ha pagado durante 14 años y sobre la que hay una orden de desahucio para el 8 de junio.
Fue ahí cuando, reconocen Afaf y su marido, cometieron el error de «fiarnos de la palabra del director. Nos dijo que no pagáramos y que no recibiéramos ninguna carta que nos llegara, porque así al no pagar intentaría que nos bajaran la hipoteca».
En este trance, recibieron malas noticias desde Marruecos y viajaron hasta allí porque el suegro de Afaf estaba muy enfermo y en un par de meses acabó muriendo. La sorpresa la recibieron cuando regresaron tras el entierro y fueron al banco a preguntar por su situación «porque nosotros no estábamos tranquilos al no estar pagando nada». Y fue el nuevo director del banco el que les dijo que durante su ausencia se había subastado la vivienda, quedándosela la propia entidad bancaria por la mitad del precio de la tasación, apenas 68.000 euros.
«Se ve que nos llegaron varias notificaciones pero como nos dijeron que no cogiéramos nada y coincidió que no estábamos ,dieron por sentado que habríamos abandonado la vivienda, cuando no es así», indican. Al poco recibieron una orden de desahucio para noviembre de 2016. Afaf y su marido se dirigieron al Juzgado de Carlet y pidieron un abogado de oficio. No obstante, hace unas semanas recibieron otra orden de desahucio para el 8 de junio.
Fue entonces cuando Afaf, desesperada, contactó con la concejala de Educación de Silla, Raquel Sánchez, quien puso el caso en manos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Valencia. El grupo ha convocado una concentración -que ha sido apoyada también por el gobierno local- el 8 de junio a las 9 horas delante de la casa de Afaf, en la calle Diputación, para evitar el desahucio, y de conseguirlo hacer una manifestación hasta el ayuntamiento.
A la espera de una moratoria
Un desahucio que Afaf espera que no se acometa porque ha pedido un aplazamiento de un mes por la aplicación del artículo 704 «para conseguir que mis hijos terminen el colegio el día 20 y para dar tiempo a los abogados a actuar».
Desde la PAH han activado todos los mecanismos posibles. Han pedido una moratoria hasta 2020, según el decreto 27/2012, que permite seguir viviendo en su casa con un alquiler social en personas declaradas por el juez en riesgo de exclusión social. «También hemos contactado con el banco para que retiren la petición de toma de posesión de la vivienda, aunque no tenemos contestación», relata José Luis González, portavoz de la PAH.
Para agotar todas las vías posibles, la PAH ha contactado con la dirección general de la Vivienda para que apliquen la ley valenciana 2/2017, que «exige a los bancos ofrecer un alquiler social a personas en riesgo antes de desahuciarla» y, como última instancia, apelan al convenio de Federación de Municipios y Provincias, el CGPJ y el Consell para que «el juez pueda actuar de forma especial en casos donde se de una situación de vulneración de la familia».
Afaf solo puede dar gracias «a la PAH y al Ayuntamiento de Silla por el apoyo» y lamenta no haber pedida ayuda antes. «La verdad es que me daba vergüenza ir a la asistenta social y contar mi situación. Pero no puedo dejar a mis hijos sin un hogar, y ya no podemos pedir que nos envíen más dinero desde Marruecos, estamos solos. Solo pedimos que nos dejen vivir aquí y que nos reduzcan los pagos mensuales», pide Afaf.
