El Ministerio de Defensa ha cerrado de momento la puerta a ceder a Paterna los cuarteles militares asentados en el municipio. Así lo han asegurado a este diario fuentes oficiales del departamento ministerial, bajo el argumento de que se trata de un «inmueble afectado», es decir, que se mantiene en uso. En concreto, describen que en el acuartelamiento Daioz y Velarde, en la avenida Cortes Valencianas, tienen su sede varias unidades, la más importante de ellas, el Regimiento de Defensa NBQ, dependiente del ejército de tierra cuya función es el reconocimiento, descontaminación y toma de muestras de agentes nucleares, químicos y bacteriológicos. También alberga una escuela taller para cursos a personas desempleadas o jóvenes, dentro de los programas que desarrolla el Servicio Estatal de Empleo (Sepe).
Con esta respuesta oficial, Defensa entierra la aspiración mostrada por el municipio durante las últimas dos décadas, de disponer de unos terrenos de casi 400.000 metros, en pleno barrio de Campamento, con el objetivo de que la ciudad pudiera crecer.
Oficialmente, la pretensión comenzó con el cambio de milenio. Tras unas primeras conversaciones, en diciembre de 2003, el alcalde socialista Francisco Borruey firmaba con Defensa, la compra por unos ocho millones de euros de 165.000 metros de terreno militar urbanizable, detrás del colegio Jaume I. Con el concurso de acreedores de Sumpa, la empresa pública que adquirió el suelo, las parcelas fueron a parar a los bancos. Ahí se proyecta ahora un ecobarrio por parte de una promotora privada y en cuya zona se encuentra el Paredón de España.
Borruey ya planteó entonces la compra de los 625.000 metros restantes del campo de tiro en La Mola, y de los casi 400.000 metros de las instalaciones del acuartelamiento Daoiz y Velarde, en suelo urbano. Defensa abrió la puerta a lo primero y rechazó lo segundo.
Con la llegada de Rodríguez Zapatero al Gobierno (2004), el Ayuntamiento de Paterna buscó la sintonía socialista para lograr la cesión de los terrenos del campo de tiro. Defensa llegó a autorizar la venta de los terrenos (septiembre de 2005), proyectando VPO y terciario. Con las posturas relativamente cerca, Borruey metió los cuarteles en la negociación. Incluso planteó que los militares se trasladarán a otros terrenos más pequeños alejados del casco urbano a cambio del acuartelamiento. «No podemos seguir así, porque el cuartel coarta el crecimiento de la ciudad», dijo el entonces alcalde.
En 2007, antes de las elecciones, Borruey y el ministro José Antonio Alonso firmaron un protocolo de dos años para urbanizar en un futuro los terrenos de la Mola.
Dos años después, ya con Lorenzo Agustí (PP) en la alcaldía y Carme Chacón al frente de Defensa, se renovó aquel protocolo (a tres años vista), pero incluyendo un punto novedoso y clave. Además de urbanizar el campo de tiro y permitir suelo terciario (con Ikea en el horizonte) se acordó la adquisición de los cuarteles y su traslado fuera del casco urbano. Para ello habría que firmar antes un convenio para definir las características del nuevo acuartelamiento, su ubicación y «las prestaciones y contraprestaciones que la operación requiera». Era la primera vez que Defensa aceptaba la venta.
En abril de 2012, Defensa liberó los terrenos del campo de tiro, junto al barranco Endolça, sacándolos a subasta. Nadie presentó oferta por los 647.000 metros de suelo rústico, y el ministerio (febrero 2013) decidió sacarlos a la venta de forma directa. Paterna vio entonces la posibilidad de instalar allí el proyecto de zona franca, un parque logístico internacional impulsado por Lorenzo Agustí. Primero se planteó el pago de un canon por una cesión a 75 años. En total diez millones de euros, que luego subió a más de doce, y el gobierno central mantenía la propiedad de los terrenos. La Agencia Tributaria (mayo de 2014) tumbó esa opción por impedimentos legales.
Paterna se lanzó a comprar el suelo. Pero finalmente, la imputación de Agustí por el caso de la zona franca -causa que se archivó- y el vuelco electoral en 2015 disiparon la adquisición de los terrenos, ligados al protocolo que permitiría obtener los cuarteles del casco urbano.
El intento de Sagredo y Compromís
En julio de 2015, semanas después de acceder a la alcaldía, Juan Antonio Sagredo se reunió con representantes de Defensa para reclamar de nuevo la cesión del acuartelamiento Daoiz y Velarde. El alcalde admitió la «dificultad» de la contienda pero calificó el encuentro de «muy positivo». Hace justo un año, Compromís solicitó en el congreso la misma petición. Ahora, Defensa, a preguntas de este diario, asegura que no se plantea deshacerse de las instalaciones.
