Las temibles multas por fotorrojos que siguen «cazando» a los conductores que se saltan un semáforo en rojo en Catarroja,Picanya, Sedaví, Massanassa y Beniparrell están llegando a su fecha de caducidad. El próximo 28 de febrero se pone fin al contrato que la Mancomunitat de l'Horta Sud firmó con la empresa que gestiona los semáforos sancionadores en estas cinco localidades en diciembre de 2014 y hasta diciembre de 2018. Pero Soledad Ramón (PP), la entonces presidenta de la Mancomunitat además de alcaldesa de Catarroja, amplió hasta el 28 de febrero de 2019 justo un mes antes de las elecciones de 2015 en las que no fue reelegida.
Aunque las multas han ido disminuyendo desde que se implantaron, tras las campañas de comunicación y concienciación, en este 2018 aún se reflejan cifras considerables. Así, en el pasado ejercicio se han impuesto un total de 10.956 multas y se han recaudado 1.091.591,84 euros.
En el acumulado, desde que se implantaron en junio de 2015, los fotorrojos han «cazado» a 64.639 conductores recaudando un total de 4.679.969,71 euros.
Como viene siendo habitual, Catarroja, con seis cámara de las 12 repartidas entre los cinco pueblos que se suscribieron, es la localidad más castigada con un acumulado de 2.447.680,46 euros, en 34.713 multas, más de la mitad del total. Con todo, en 2018 ha disminuido considerablemente la tónica con 7.019 multas y una recaudación de 687.258,37 euros, casi la mitad de lo acumulado en los primeros seis meses de fotorrojos en los que se llegó a sancionar a 13.268 conductores y se recaudaron 500.000 euros en solo seis meses.
Sedaví,con dos cámaras, también ha registrado en 2018 un tital de 1.702 sanciones, apenas una décima parte de las 13.710 multas acumuladas desde el verano de 2015. La misma dinámica la lleva Massanassa, también con dos cámaras sancionadoras, con 1.290 multas y una recaudación de 130.392,25 euros.
Picanya, para solo tener una cámara, lleva un acumulado que llega hasta los 464.164.49 euros y 6.508 multas. De esta cifra, 82.678,97 euros son del ejercicio de 2018 con 876 sanciones.
En este ranking, Beniparrell es la menos «castigada», con solo una cámara en una zona con poco tránsito de vehículos. Así, apenas se impusieron el año pasado 69 multas y se recaudaron 8.169,16 euros, con un total en estos tres años y medio de 90.311,20 euros cobrados en 1.232 multas.
Rescisiones fallidas
Los fotorrojos ha sido un calvario para los gobiernos que salieron de las urnas en 2015, que se vieron involucrados en un contrato, suscrito entre la Mancomunitat de l'Horta Sud y la empresa concesionaria, que ellos no firmaron y que han intentado rescindir aunque sin éxito.
El cabecilla de esta cruzada ha sido catarroja, con el alcalde Jesús Monzó (Compromís) al frente, ya que es el municipio más afectado pues fue su anterior alcaldesa, del PP, la impulsora de este contrato y el consistorio que más cámaras colocó.
Catarroja ha intentado rescindir este contrato en los tribunales. El ayuntamiento intentó aprovechar una sentencia de noviembre de 2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Valencia, que decretaba la nulidad de las sanciones de 200 euros y detracción de 4 puntos impuestas por este municipio a un automovilista, para que el Tribunal Supremo declarase que los dispositivos «no están sometidos al control metrológico del Estado por no existir Directivas o reglamentos comunitarios ni normativa española que impongan o exijan dicho control metrólogico del Estado». Recurso que, sin embargo, no admitió el TSJ.
Otra de las medidas tomadas apenas tres meses después de implantarse el sistema al ver la avalancha de multas fue la decisión de los cinco ayuntamientos afectados de incrementar el tiempo de la fase ámbar de los semáforos para intentar reducir las multas. Así, por ejemplo, Beniparrell aumentó de los 2.8 segundos, el mínimo que permite la ley, hasta los 5 y Catarroja lo incrementó hasta los 4 segundos. Una medida que logró reducir el número de sanciones aunque siguieron siendo bastante elevadas en 2016 con el retardo aplicado que en el resto de municipios del servicio.
L'Horta Nord los descartó
Los fotorrojos solo afectan a cinco municipios de l'Horta Sud, si bien es verdad que l'Horta Nord también estuvo «tentada» aunque sin éxito.
La Mancomunitat de l'Horta Nord adjudicó hace menos de un año a la empresa Vialine, la gestión de las sanciones de tráfico y otras ordenanzas municipales. Este sistema proponía a los municipios poder disfrutar de un amplio catálogo de servicios entre los que se encontraban las cámaras OCR, más conocidas como fotorrojos. Sin embargo, los alcaldes y alcaldesas de los municipios adheridos a este sistema mancomunado como La Pobla de Farnals, Puçol, El Puig, Museros, Massamagrell o Rafelbunyol se negaron a instalar estas cámaras sancionadoras sobre todo tras comprobar la mala experiencia de sus vecinos de l'Horta Sud.
