Las Corts Valencianes dieron semanas atrás un balón de oxígeno a los municipios valencianos afectados por posibles expropiaciones derivadas de sus planes generales. Los síndics de PSOE, Compromís y Podemos llevaron a la Mesa de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, una enmienda de adición a las cuentas de la Generalitat de 2019 en la queda suspendido hasta el 31 de diciembre de 2020, la posibilidad de presentar hojas de aprecio ante la administración o dirigirse hasta el jurado provincial de expropiación para exigir un precio justo por un terreno. Con esta nueva prórroga, los consistorios evitan que cualquier particular propietario de un suelo afectado por un PGOU (destinado a zona verde, dotacional...) y que el ayuntamiento correspondiente tendría que haber adquirido dentro de los plazos legales, pueda iniciar el proceso de expropiación forzosa que acaban constando una fortuna a las arcas municipales. Cabe señalar que la enmienda de las Corts prohibe iniciar procesos desde cero, ya que aquellos que estuvieran en tramitación no quedan excluidos.
