El bar del complejo deportivo que alberga las piscinas de Alaquàs (dos de verano y dos de invierno) entre otros recursos deportivos, está inmerso en una batalla administrativa entre el consistorio y el adjudicatario desde hace casi dos años. El profesional que ha estado al frente desde 2014 solicitó ya en 2017 una rebaja del canon anual que paga (8.500 euros más IVA) a 6.000 euros, con carácter retroactivo, por considerar que en el recinto no puede desarrollar la actividad hostelera para la que le fue adjudicado.
En concreto, Rafael Vázquez se presentó en 2014 a la licitación de un bar restaurante en la piscina (que había sido construido tras reformas el recinto y demoler el anterior, que no cumplía las condiciones) y ganó el concurso. Como consta en el contrato que firmó en esa época, al que ha accedido Levante-EMV, se le adjudicaba un servicio de «bar restaurante». De hecho, en el anexo de condiciones se le obligaba a comprar un fogón y un horno, entre otros equipamientos para la cocina.
Pero Vázquez se encontró, apenas dos semanas después, con que Sanidad le advirtió de que ese recinto no cumplía las condiciones para ser un restaurante (como sí las tiene el del otro polideportivo) por no tener los metros de cocina porcentuales al espacio de comedor, por lo que solo podía desarrollar actividad de cafetería, lo que implica servir comida fría o aquello que pueda elaborarse en una plancha. «Si tengo que servir paellas, que es lo típico en un bar de piscina, tengo que subcontratarlas», explica.
Por ello, en 2017 remitió un escrito al consistorio en el que solicitaba la rebaja del canon con carácter retroactivo y una indemnización por las pérdidas. Desde entonces no pagó, a la espera de la solución. La respuesta a aquella solicitud le llegó ayer mismo y es negativa, ya que el consistorio considera que lo que pide, no está justificado ni es acorde a la ley.
De forma paralela, en 2017 pidió más control sobre las personas que acuden al recinto de la piscina con su propia comida o bebida «porque está prohibido en las ordenanzas municipales» y la respuesta municipal fue que el personal encargado de vigilar las instalaciones ya estaba alerta ante estos incumplimientos y llamaba la atención a los usuarios.
Finalmente, el pasado enero pidió la renuncia al contrato por estar «asfixiado económicamente». De forma paralela, el ayuntamiento lleva a pleno esta semana iniciar el expediente de rescisión del contrato a Vázquez por incumplimiento de las condiciones, ya que adeuda dos años de canon al consistorio. «No me echan, me voy yo porque esto ha sido un engaño, como les dije en la comisión informativa», se queja.
