El grupo municipal socialista de Alfafar considera que la movilización de los mayores contra la residencia privada (recogieron 5.000 firmas y las hicieron llegar a les Corts Valencianes y a Ximo Puig) y todas las actuaciones que se han producido tienen su origen en que el alcalde del PP, Juan Ramon Adsuara, llevó «de tapadillo» al pleno del 27 de diciembre el estudio de viabilidad de la residencia y del centro de día presentado por una empresa privada. Finalmente, el PP se quedó solo esta semana al apoyar el plan, que rechazó toda la oposición, en medio de una tensa sesión.
En el pleno, que comenzó con 40 minutos de retraso, Adsuara aseguró que llegaba tarde por estar reunido con el presidente de la UPV València, Pepe Sanchis, quien habría descalificado a la asociación de Alfafar. No obstante, el PSPV asegura que «Adsuara no sabe con quién se ha reunido si es que se ha reunido con alguien, ya que parece que esa persona ya no es presidente desde el día 3 de marzo, como informaron los mayores al acabar el pleno».
Con todo, para el grupo socialista, lo más grave de la sesión es que el alcalde amenazara al presidente de los jubilados con una querella. «Una vez más desoye a los vecinos y vecinas de Alfafar y solo entiende una única manera de imponer su voluntad, que es la amenaza y la querella en los tribunales. En nuestro Grupo Municipal venimos padeciendo situaciones similares, ya que en diversas ocasiones ya hemos sido denunciados únicamente por desarrollar nuestra labor como grupo en la oposición».
El PSPV ha criticado asimismo que el alcalde acusara a los mayores de Alfafar de estar siendo manipulados. «Con un salón de plenos lleno hasta arriba y con cerca de 5.000 firmas recogidas por la Asociación de Jubilados y Pensionistas en contra del proyecto de privatización de la residencia, el alcalde no quiere reconocer que los vecinos y vecinas le están diciendo un rotundo 'no' a su actuación», valoran.
«Toman sus decisiones»
Los socialistas han indicado que cuando los mayores llevaron a les Corts Valencians las cerca de 5.000 firmas contra la residencia privada, «en contra de lo que ha hecho el alcalde, sí se les atendió y sí se escuchó su reivindicación, que es que la residencia y centro de día sean públicos». «Qué poco que conoce a las personas mayores de su municipio, que son capaces, suficientes e independientes para tomar sus decisiones»,
