La ocupación es un problema que afecta sobre todo a las clases medias, trabajadoras y humildes, que quieren que los políticos, la policía, los jueces y los fiscales, les garanticen su derecho a vivir en paz e invertir sus ahorros en una vivienda y la protección de la propiedad privada.

Los casos de usurpación de vivienda preocupan por igual a los propietarios que pierden su vivienda, como a los vecinos más próximos que sufren las consecuencias de mafias, inseguridad, insalubridad o violencia.

En LA Comunitat 25.000 familias necesitan vivienda, 15.231 están ya registradas como demandantes de vivienda y 9.583 en lista de espera, y sin embargo 2.145 viviendas del parque público no están disponibles, porque 1.305 se encuentran ocupadas ilegalmente, algunas de ellas con enganches ilegales eléctricos que generan graves riesgos, y 840 pendientes de algún tipo de intervención o finalización.

Además, no han ejecutado a día de hoy ni el 5% del presupuesto actual destinado a vivienda, de 315 millones de euros sólo han ejecutado 15 millones y en 5 años que gobierna el Botànic no han construido ninguna vivienda pública. Con su inacción los llamados “progresistas” demuestran que garantizar una vivienda digna no es una prioridad en su acción de gobierno.

Por todo esto el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Marcos Campos, ha presentado una moción pidiendo nuevas medidas legales para luchar contra la lacra que supone la ocupación de viviendas y que se debatirá en el pleno del mes de octubre. “Nuestro municipio no está exento de ésta problemática y son muchos los barrios que padecen esta situación llegando a trasladarnos los vecinos miedo por las consecuencias derivadas de denunciar ocupaciones” afirmó el portavoz popular.

En conclusión, Campos espera que “la moción cuente con un respaldo amplio para que entre todas las administraciones publicas trabajemos coordinadas para poner fin a esta anomalía que preocupa la gran mayoría de la sociedad”.