El Ayuntamiento de Xirivella ha aprobado la disolución de la empresa pública para la gestión urbanística creada hace una década, sin que la mercantil haya tenido actividad alguna durante todo este tiempo al no estar inscrita en el registro. El consistorio ya ha iniciado los trámites para recuperar los 30.000 euros de capital que inyectó para su creación.
Corría el año 2008. El boom del ladrillo estaba en pleno auge, aunque las orejas del lobo del estallido de la burbuja comenzaban a asomar. En abril de aquel año, el Ayuntamiento de Xirivella, bajo el gobierno de coalición de PSOE-EU, decidió impulsar una empresa de capital municipal de gestión urbanística. Para ello, el pleno de la corporación, que tenía al PP en la oposición, aprobó la creación de una comisión de estudio para elaborar la memoria justificativa de la actividad económica de la futura mercantil, así como la redacción de sus estatutos.
Tras varias reuniones, se consensuó la memoria para constituir la Sociedad Urbanística Municipal y los estutos que regirían su funcionamiento y finalidades. En marzo de 2009, la sesión plenaria daba luz ver a la Sociedad Urbanística Municipal y sus estutos. La memoria justificativa del ejercicio, que también fue aprobaba en dicho pleno, recogía la actividad económica de la realización de estudios urbanísticos, actividad urbanística, gestión, explotación de servicios resultantes de la urbanización y otras cuestiones relacionadas con el urbanismo, la vivienda o la gestión de servicios y obras municipales.
En la parte dispositiva de la creación de la empresa pública se reflejaba, en su punto número cuatro, la obligación de inscribir a la sociedad en el Registro Mercantil, para dotarla de personalidad jurídica. El problema es que dicho trámite nunca llegó a realizarse por lo que la Sociedad Urbanística Municipal no ha funcionado durante sus más de once años de vida, debido, principalmente, a que carecía de esa personalidad jurídica necesaria.
Petición a Tesorería
Ahora, el equipo de gobierno del PSOE-Podemos ha decidido disolver la sociedad, pero se ha encontrado con la dificultad de que su liquidación no era posible con un simple trámite, precisamente, por no estar inscrita en el Registro Mercantil. Por tal motivo, tuvo que se ser el pleno municipal el que votara anular el acuerdo de 2009, que acordaba la constitución de la empresa pública, dejando sin efecto las actuaciones realizadas en el expediente que se abrió para su constitución.
Con este paso dado, se ha aprobado la disolución de la empresa, así como se ha comunicado a la Tesoería que lleve a cabo todas las actuaciones necesarias para cancelar las cuentas bancarias asociadas e iniciar los trámites para que los 30.000 euros de capital inyectados en su momento, regresen a las arcas municipales.
