Anica, una mujer de 66 años , paciente oncológica grave, podrá permanecer en su casa de Mislata con a su hijo después de que el servicio común de notificaciones certificara la paralización del desahucio tras personarse en el domicilio ya que el Juzgado nº 2 de Mislata siguió adelante con el alzamiento al entender que «no se da una situación de vulnerabilidad que se ajuste estrictamente a la legalidad».
Desde las 10 horas de ayer, se concentraron en la calle Maestro Serrano la PAH, Stop Desahucios y otros colectivos para apoyar a Anica y su hijo y evitar el desahucio. No fue hasta las 11.15 horas cuando se personó la agente de notificaciones y, tras hablar con el hijo de Anica, notificó la paralización del desalojo, a la vez que realizó un informe acreditándolo para que pueda presentar los informes médicos necesarios que acreditasen la vulnerabilidad de la afectada. Según explicó, el abogado de oficio no había presentado la documentación y la que presentó el hijo junto al Rogle, que incluía el informe de Servicios Sociales, no se tuvo en cuenta al no estar personados en el caso.
La tensión se rompió con los aplausos que provocaron las lágrimas del hijo de Anica. «Mi madre en su estado no puede ir a cualquier lado en plena pandemia. Si consigo otra casa, tengo que desinfectarla bien y el traslado es de riesgo. Así me lo han dicho los médicos, ya que cualquier pequeña infección para ella puede ser mortal», explicó.
Él junto a su madre, viven en este piso de alquiler, propiedad de un particularque posee varios inmuebles en la zona y hace casi un año decidió no prorrogar el contrato ni aceptar ningún pago de alquiler. «Nosotros podemos pagarle mensualmente pero ella no quiere, y nadie me dijo que se podía pagar judicialmente para que no pudiera utilizar la falta de pago para exigir el desahucio», explicó.
Tanto el Ayuntamiento de Mislata como la conselleria, a través de la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, están al tanto del caso de Anica y están buscando una solución habitacional urgente, puesto que el juzgado de momento no ha notificado la duración de la paralización del desahucio.
El derecho a la vivienda se ha convertido en una lucha diaria para muchas familias de l’Horta y más en tiempos de pandemia, donde la crisis económica se agrava y pagar el alquiler empieza a ser tarea imposible. Precisamente, ante la vulnerabillidad de muchas familias, se aprobó el Real Decreto 2/2021 por lo que se obliga a la renovación forzosa del alquiler durante seis meses en estado de Alarma a los inquilinos que e muestren su situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, ¿qué pasará cuando se levante el estado de Alarma el próximo 9 de mayo? Pues la respuesta no es nada halagüeña para un servicio jurídico experto antidesahucios que opera en la comarca de l’Horta Sud como es el Rogle. Esta cooperativa formada por abogados, abogadas y sociólogos gestiona toda la negociación extrajudicial y asesora siempre con la intención de asegurar el derecho a la vivienda en ayuntamientos como Paiporta, Manises, y Alfafar, además de en la Mancomunitat de l’Horta Sud, en la que atienden a distintos pueblos, como Xirivella, Aldaia, Alcàsser, Silla, Benetússer o Mislata.
Durante 2020, el Rogle ha realizado unas 200 actuaciones en una decena de localidades de l’Horta Sud para resolver impagos de alquiler e hipoteca, siempre en defensa del derecho de la vivienda. Sin embargo, su equipo considera que lo peor aún está por venir. «Podemos afirmar sin dudas que estamos ante una gravísima crisis del derecho a la vivienda en este país. Si la realidad ya era oscura antes de la Covid, ahora ha sido un mazazo impresionante para las familias, que ven como sus ingresos han caído, incluso se han esfumado, y el precio de los alquileres en ningún caso desciende, llegando en ocasiones a superar los propios ingresos de un núcleo familiar o a suponer más del 50%», explican desde el Rogle.
Este servicio está asesorando, por ejemplo, al centenar de familias de Alfafar con alquiler VPO que la Sareb pretendía desalojar tras no renovarles el contrato. Algo que va a ser una tónica. «En la actualidad se está dando la casuística generalizada que los bancos y los fondos buitre están avisando ya de que no van a renovar los contratos de alquiler social. Ahora estamos contrarrestando esta oleada con la renovación forzosa del Real Decreto 2/2021, por el que se alargan seis meses los contratos, pero pasado este plazo, y después del estado de alarma, levantadas las medidas sociales, puede que estemos ante un auténtico tsunami de desahucios para el que no se está preparado por las instituciones».
Según el Rogle, las familias se van a ver obligadas a reagruparse en casas, con situaciones de hacinamiento familiar, mendicidad y exclusión social, u ocupación.
«No es un problema social»
En este sentido, matiza que es verdad que existe la okupación «pero en ningún caso se ha de considerar un problema social, sino de pura precariedad, nadie ocupa por gusto, sino por supervivencia y, en todo caso, el 98% de los casos son viviendas de fondos y bancos».
Ante este panorama, desde El Rogle exige necesario una política de vivienda en la que se impliquen todas las administraciones, desde la estatal, la autonómica y la local, con leyes y posturas firmes en defensa de la ciudadanía y contra la especulación. «Políticas como las de las propias oficinas de vivienda que atendemos nosotros son buenas, pero no dejan de ser un parche», sentencian desde El Rogle.
