El Ayuntamiento de Paterna comenzó ayer la ejecución del derribo de la conocida como «Finca Amarilla», en el barrio de Santa Rita. El consistorio adjudicó los trabajos el pasado enero por cerca de 200.000 euros y espera que estén concluidos en unos tres meses, ya que incluye la revisión posterior de los edificios colindantes y un acondicionamiento mínimo del solar que resultará.
Esta acción culmina un proceso administrativo de, al menos, cinco años, cuando se detectaron deficiencias graves en el mencionado inmueble, ubicado en el barrio de Santa Rita.
«Se trata de una actuación, ampliamente demandada desde la Asociación de Vecinos Antonio Machado y Viriato y los residentes de la zona, con la que damos un paso más en nuestro proyecto de regenerar y revitalizar el barrio de Santa Rita», afirmó el concejal Julio Fernández. Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos, Jesús Fernández manifestó que «hoy es un día histórico para el barrio de Santa Rita» al mismo tiempo que señaló que «este derribo mejorará sustancialmente la convivencia ciudadana y la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas del vecindario».
Una finca de treinta años
La finca amarilla tiene más de 30 años de antigüedad y alberga un total de 40 viviendas, distribuidas en cinco plantas, que tienen una altura, cada una, de 2,60 metros. En total, se trata de una superficie construida de 12.579 metros cúbicos, sobre una parcela de 818 metros cuadrados de superficie. La magnitud de estos datos y la situación de pandemia actual han provocado que la licitación contenga características especiales respecto a medidas, procedimiento de intervención y protocolos, diferentes de otro derribo.
El Ayuntamiento de Paterna comenzó a preparar el proyecto de demolición en enero de 2020 y licitó la actuación en el pasado ejercicio por 244.311,98 más IVA. Finalmente, la empresa adjudicataria realizará los trabajos por 199.370,40 euros más IVA, por lo que se ha conseguido un ahorro superior a 40.000 euros. El coste se repercutirá en el futuro a los diferentes propietarios de la finca, que podrán pagar en 60 mensualidades y tendrán una moratoria de seis meses. «Se han mantenido reuniones con las familias para dar todas las facilidades de pago. Ellos serán quienes decidan cómo gestionar su propiedad», explicó en su momento la concejala Eva Pérez.
Un largo desalojo
El proceso administrativo de la finca amarilla se inició en 2015, cuando se detectaron graves deficiencias. El consistorio inició conversaciones con las familias propietarias de los pisos para conocer su situación social. El desalojo comenzó en febrero de 2019 y se fueron tapiando los pisos a medida que se desocupaban.
