El Ayuntamiento de Puçol, con Paz Carceller al frente del gobierno, está intentando resolver uno de los grandes problemas que se arrastran desde que a finales de los 90 se creara la empresa pública inmobiliaria Gespul SA, que fue liquidada en 2005. En ese boom inmobiliario, el consistorio promocionó desde 1996 a 2004, 28 viviendas, algunas construidas y otras adquiridas, y las adjudicó con unos alquileres bajos, que rondaban los 200 euros. A priori el contrato de alquiler era de 5 años. El problema fue que liquidada la empresa municipal y vencido el contrato, muchos inquilinos, la mayoría, continuaron en sus casas y dejaron de pagar mensualmente. Hasta tal punto que a día de hoy se ha generado una deuda que alcanza el medio millón de euros, con algunas viviendas que de forma individual acumulan hasta 50.000 euros, tras 20 años sin pagar el alquiler.
Una situación que conocían todos los gobiernos que han pasado por el consistorio, de diferentes siglas políticas, que han ido reclamando los recibos impagados, en las dos últimas legislaturas ya a través de cartas emitidas desde los servicios jurídicos municipales alertando de posibles acciones legales, pero aún así se seguían acumulando los recibos impagados. La bola se hacía cada vez más grande, y la actual corporación municipal ha decidido cortar de raíz con el problema, para no seguir acumulando deuda, y recalificar esas viviendas como sociales. “A los pocos días de entrar como alcaldesa, se reunieron conmigo el interventor y el secretario y dijeron que este caso debía resolverse ya, si no queríamos tener un problema muy gordo con el Tribunal de Cuentas”, asegura la alcaldesa, Paz Garre (PP), quien explica que empezaron a trabajar de forma coordinada para poder emitir el expediente de cada vivienda y conocer la situación de los inquilinos, con especial importancia el trabajo llevado a cabo por servicios sociales. “Desde el propio ayuntamiento se ha solicitado el informe de vulnerabilidad de los residentes de un total de nueve viviendas, que de momento permanecerán en sus casas hasta encontrarles otra solución habitacional”, señala Carceller. También se mantendrán en sus viviendas aquellos inquilinos que sí estén al corriente de pago, a los que se les ha dado 2 años de moratoria para poder encontrar otra residencia, tal y como establece la ordenanza que regula el uso de las viviendas.
“Desde el propio ayuntamiento se ha solicitado el informe de vulnerabilidad de los residentes de un total de nueve viviendas, que de momento permanecerán en sus casas hasta encontrarles otra solución habitacional”,
El resto, unos quince, están pendientes de desahucio y se les reclama el pago de la deuda. “Se ha establecido un plan de pagos para poder hacer frente a ella, ya que en algunos casos estamos hablando de deuda muy alta”, aclara la alcaldesa. Algunos inquilinos, por motu propio, han abonado la deuda y han abandonado la casa, mientras que un par se encontraban “okupadas” de forma ilegal, aunque en uno de los casos se ha emitido un informe de vulnerabilidad y se ha suspendido el desahucio.
Una vez resuelto cada expediente, el consistorio pretende calificar esas viviendas como sociales. “Antes de empezar todo este proceso, hablamos con la EVHA para que fuera conselleria las que la gestionara, pero viendo todos los problemas que acumulaban, finalmente no se llegó a un acuerdo”, señala Paz, que afirma que unos vez recuperadas todas las viviendas, el consistorio deberá invertir en mejorarlas “ya que algunas tienes grandes desperfectos”. De hecho ya hay dos casas que han sido acondicionadas para acoger de forma urgente a dos familias procedentes de Ucrania.
Gespul, la herencia ruinosa
El actual gobierno sigue recogiendo los daños y perjuicios ocasionados por la promotora inmobiliaria municipal Gespul SA, creada hace 30 años cuando gobernaba el socialista José Vicente Cuello, y que estuvo en vigor durante todo el mandato de su predecesor, el también socialista José Iborra, hasta que fue liquidada en 2005, con Juan Manuel Busto Díaz, de EUPV, como alcalde. La acumulación de deuda de los 28 inmuebles promocionados por Gespul no es el único problema ocasionado por esta inmobiliaria pública. El Ayuntamiento de Puçol también ha sido condenando en sentencia firme del pasado mes de mayo, a pagar 89.000 euros, incluidas las costas procesales, a los vecinos de dos inmuebles de la calle Palleter y de Martínez Coll por defectos constructivos en sus viviendas. Una sentencia ya firme, contra la que el consistorio no va a alegar, y que va a causar problemas debido a que la oposición se negó en el pasado pleno a aprobar una modificación de crédito para poder pagarla. La alcaldesa Paz Carceller pretender pedir un reparo, aunque éste también debe pasar por pleno y ser aprobado por la mayoría que ahora no tiene el PP, solo acompañado en el gobierno por PURP tras la marcha de Cs y Vox.
