El Ayuntamiento de Albal ha sido condenado a pagar más de un millón de euros a los vecinos de la Urbanización Santa Ana que formaron parte de la Agrupación Urbanística promotora de dicha zona por la adjudicación indebida del aprovechamiento de los caminos municipales.
El juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 de València, en sentencia del 11 de noviembre, condena al gobierno local dirigido por Ramón Marí a paga r el equivalente económico derivado del aprovechamiento de los caminos municipales por importe de 909,656,98 euros. Una cifra que puede ascender en medio millón de euros más si se suman los intereses derivados hasta entonces.
Dicha sentencia no es firme, cabe recurso de apelación que ha sido presentado por el Ayuntamiento de Albal, según confirman fuentes municipales.
Del mismo modo, los abogados del grupo de vecinos también han pedido al Tribunal una rectificación de la sentencia ya que condena a costas a los propietarios y no al consistorio.
En la sentencia, el juez obliga al Ayuntamiento de Albal a aprobar una cuenta de liquidación definitiva del proyecto de reparcelación forzosa del sector 1,2 Santa Ana sin apropiarse del aprovechamiento De los caminos rurales y atendiendo así a las alegaciones presentadas por esta agrupación urbanística, que inicialmente desestimó el consistorio.
“Queríamos mantener el patrimonio municipal”
El Ayuntamiento de Albal, por su parte, afirma que es verdad que se quedaron con la servidumbre de los caminos, porque “se trataba de mantener en el patrimonio municipal el valor de los caminos publicos" cuando se transformó el suelo en urbanizable y no regalar su aprovechamiento a los promotores particulares”. Ellos consideran que esta forma de actuar se debe a una “lógica y coherente defensa de los intereses municipales”, y en esos términos se pronuncian en el recurso de apelación presentado ante el TSJ contra la sentencia que les obliga a pagar a los vecinos un millón de euros más intereses.
Ahora, el juez confirma que los vecinos, que fueron los que en 2003, dentro de la Agrupación Urbanística, se hicieron cargo de los costes de la remodelación del Camí de Santa Ana y de la rotonda de entrada, tienen derecho a recibir el dinero procedente del aprovechamiento de los caminos rurales surgidos de la conversión a suelo urbanizable.
“La sentencia demuestra que lo que hizo el alcalde fue una cacicada. Cogió unos terrenos que no eran de él y se quedó con la servidumbre pese a que fuimos nosotros los que compramos esos terrenos
“La sentencia de muestra que lo que hizo el alcalde fue una cacicada. Cogió unos terrenos que no eran de él y se quedó con la servidumbre pese a que fuimos nosotros los que compramos esos terrenos más la servidumbre; nosotros éramos propietarios también de esos metros de camino, no el consistorio”, señala uno de los vecinos afectados, que se muestra satisfecho porque por fin se vaya a hacer justicia.
