La familia de un concejal de València litiga con Moncada por la expropiación de un terreno

La familia del edil de València del PP, Carlos Mundina, ha demandado en un juzgado de lo contencioso administrativo al Ayuntamiento de Moncada por inactividad en un proceso de expropiación de tres parcelas de su propiedad para construir la rotonda de entrada al municipio que lleva 18 años en trámite y todavía no se ha resuelto. Esta denuncia ha llegado tras presentar los afectados (la familia del político y otro propietario) un informe pericial contradictorio al valor que el ayuntamiento le daba al suelo a expropiar.

El consistorio cifró el suelo en 40.000 euros en el inicio del procedimiento y el arquitecto municipal ha ido actualizando la cuantía con los años. Ahora los propietarios han presentado un informe contradictorio en el que un perito estima que el valor de ese terreno es de 500.000 pues, "la valoración del suelo ha ido aumentando en la medida en que el precio del suelo se ha encarecido durante todos estos años".

El Síndic insta a Moncada a expropiar tres parcelas para la construcción de una glorieta

Los afectados denuncian "el desmesurado retraso" del ayuntamiento en establecer un justiprecio y señalan que hay una clara disconformidad en la valoración del suelo. Por eso, reclaman al ayuntamiento que remita el expediente al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa que es "quien debe establecer por ley la cuantía" y denuncian que la institución local "se niega" a hacerlo (pese a ser el responsable tras haber iniciado en un primer momento este proceso en 2006) a pesar de haber pasado ya "más de siete años" desde que los expropiados presentaron su primera hoja de aprecio.

El ayuntamiento inicia una investigación

Por su parte, la alcaldesa de Moncada, Amparo Orts (PSPV) señaló en el último pleno municipal celebrado el pasado 25 de enero que el proceso, efectivamente, se inició en 2006 con una valoración de 40.000 euros y ha finalizado en unas cuantías de 500.000 euros y que el consistorio "ha iniciado un expediente de estudio de investigación por parte de los técnicos de urbanismo para corroborar el total" porque considera el informe de los afectados "elevadísimo". El expediente de investigación, pues, está en marcha pero la alcaldesa señaló que "de forma paralela asistiremos al juicio para determinar una solución del asunto".

Los terrenos, de 337 metros cuadrados en total y pertenecientes a dos propietarios (uno la familia del ahora edil popular y otro un particular), los requirió por primera vez el consistorio en 2006 para la construcción de una glorieta a la entrada al municipio en la conexión entre la Avenida Germanías y la Avenida Comunitat Valenciana. "Desde el inicio de un expediente que salió del propio ayuntamiento, pues nosotros no pedimos ninguna expropiación hasta 2015 no se hizo nada, incluso el consistorio tuvo que devolver subvenciones para inversiones de la diputación por no ejecutar la expropiación que planteaban", señala uno de los afectados.

"Los expropiados hemos tenido que recurrir al juzgado para que obligue al consistorio a que haga su trabajo"

Ahora, denuncia, "los expropiados hemos tenido que recurrir al juzgado para que obligue al consistorio a que haga su trabajo", apunta. El concejal Mundina, a título de ciudadano, aleja la política de un conflicto con el ayuntamiento. "Como ciudadanos me siento perjudicado por el consistorio de Moncada, en épocas del PP y ahora también con el PSPV", sentencia.

El síndic ya advirtió al consistorio

El Síndic de Greuges ya reclamó al ayuntamiento el año pasado por este mismo asunto e instó a la administración a culminar la expropiación porque, según dijo en su día tal como publicó Levante-EMV, "los propietarios afectados “no tienen ninguna culpa de que el Ayuntamiento de Moncada iniciara indebidamente en 2006 un expediente expropiatorio sin crédito necesario para pagar el justiprecio y, por si ello no fuera suficiente, además, sin personal técnico para su tramitación”. 

Dicho expediente fue impulsado por el entonces gobierno del PP y terminó caducando en 2015, fecha en la que se dio inicio a un segundo proceso expropiatorio, todavía con los populares al frente del consistorio, que a día de hoy sigue en marcha.

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