El ex alcalde de Torrevieja y ex diputado autonómico del PP Pedro Ángel Hernández Mateo deberá ingresar en prisión al ratificar el Tribunal Supremo la condena de tres años de prisión que le impuso en noviembre de 2012 el TSJ por las irregularidades en la adjudicación en 2004 del servicio municipal de recogida de basuras. La sentencia, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, considera probado que el ex alcalde de Torrevieja manipuló el proceso de adjudicación de la recogida de basuras mediante un complejo sistema para conseguir un solo objetivo: adjudicar el contrato „valorado en 97,8 millones de euros„ a la UTE Necso Entrecanales-Grupo Generala de Servicios. El Supremo, en un fallo de 41 páginas, condena a Hernández Mateo a pagar las costas del recurso. El ex diputado autonómico también tendrá que pagar una multa de 10.000 euros e indemnizar al Ayuntamiento de Torrevieja con otros 12.000 euros. El exalcalde es el primer dirigente popular con problemas por corrupción condenado en firme.

Pedro Ángel Hernández Mateo ha sido condenado a tres años de cárcel y a nueve de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental. Los magistrados han considerado probada la tesis del fiscal del caso „Gonzalo López Ebri„ que defendió en el juicio que el entonces alcalde de Torrevieja tenía un «plan preconcebido» para favorecer a la UTE Necso Entrecanales-Grupo Generala de Servicios. El plan del alcalde comenzó a ejecutarse en la mesa de contratación municipal del 24 de marzo de 2004, en la que se expusieron los informes técnicos sobre las empresas candidatas a la adjudicación y en la que Hernández Mateo se postuló a favor de la oferta de Necso.

Ante la oposición de los técnicos, el condenado anunció por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Torrevieja que iba a recurrir al asesoramiento externo mediante la petición de informes a tres despachos de abogados.

El alcalde solo pidió el informe a un despacho, Ariño y Asociados, que además tenía una relación laboral con la firma adjudicataria. Hernández Mateo ordenó escribir y firmó dos resoluciones en las que constaba que se había consultado a tres despachos y ahí radica el delito de falsedad documental. El condenado ha sido diputado autonómico en cinco legislaturas y alcalde de Torrevieja durante 23 años.