La política migratoria del Gobierno británico: una ruina económica con pocos resultados

Mucha inversión y pocos resultados. Los planes del Gobierno del Reino Unido para frenar la inmigración irregular y ahorrar dinero a los contribuyentes, a través de medidas como las deportaciones a Ruanda o el uso de barcazas para alojar a solicitantes de asilo, están siendo un fracaso hasta la fecha y están resultando mucho más caros de lo esperado. El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha sido incapaz de cumplir sus objetivos fijados para finales de este año en materia migratoria, algo que está incrementando los costes y acabando con la paciencia de los votantes más radicales y de los miembros del ala dura del Partido Conservador.

El Ejecutivo lleva meses insistiendo en que la factura de alojar a los solicitantes de asilo en hoteles es demasiado elevada y asegura que el uso de bases militares en desuso y de barcazas como la 'Bibby Stockholm' —calificada de "cárcel flotante" por las organizaciones de derechos humanos— reducirá los costes significativamente. Pero los últimos datos revelados por Londres demuestran que el ahorro para las arcas públicas es casi inexistente: el contrato para alojar a los migrantes en el 'Bibby Stockholm' asciende a más de 25 millones de euros, lo cual supone un gasto por persona similar al de los hoteles (cercano a los 90 euros diarios).

En el caso de las deportaciones a Ruanda, el impacto económico es incluso más significativo. Por ahora, el Gobierno ha compensado al país africano con 240 millones de libras (277 millones de euros), a pesar de que todavía no ha despegado ni un solo avión con destino a Kigali. A esta cifra hay que sumar otros cerca de tres millones de euros que el Ejecutivo ha destinado a los procesos judiciales, que acabaron con la sentencia negativa del Tribunal Supremo y que obligaron a presentar un nuevo proyecto de ley en el Parlamento para esquivar las sentencias de los jueces. Falta por saber cuál será el importe total del plan de deportaciones, en caso de que salga adelante, una cifra que Sunak ha evitado desvelar pese a las repetidas peticiones de transparencia por parte de la oposición.

Cálculo electoralista

Los elevados costes de la política migratoria del Gobierno británico han puesto en entredicho uno de los principales argumentos del primer ministro, el del ahorro económico, y ha dado fuerza a las acusaciones de sus rivales, que atribuyen estas medidas a un cálculo electoralista. "El Partido Conservador está equivocado si cree que puede movilizar a una parte importante de su electorado con estas iniciativas", explica a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, el exlíder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, quien considera que los 'tories' tienen una imagen distorsionada de la realidad, amplificada desde algunos medios de comunicación de derechas. "El racismo hace mucho ruido, pero existe una gran cantidad de gente decente que no ve a los refugiados como un enemigo, sino que los ve como sus vecinos".

Más allá de los cálculos electoralistas, algunos diputados laboristas señalan que estas políticas tienen como objetivo la supervivencia política de Sunak dentro de su propio partido, con un ala dura que está ejerciendo cada vez más presión sobre el primer ministro para que ponga en marcha las deportaciones a Ruanda a cualquier precio. "El Gobierno está tratando de dar carnaza a los diputados más radicales del Partido Conservador y está tratando de competir con otras fuerzas políticas a su derecha", asegura el diputado Richard Burgon. "Pero esto no debe desviarnos de lo realmente importante, que es que el proyecto de ley de Ruanda es inmoral y erróneo. Utiliza a los inmigrantes como chivo expiatorio, y eso es muy peligroso", añade. 

Efecto disuasorio

El Ejecutivo insiste en que sus políticas cumplen con el derecho internacional y señala que, a pesar de que los beneficios económicos no se vean reflejados en el corto plazo, sí provocarán un efecto disuasorio en la llegada irregular de inmigrantes a largo plazo, lo cual supondrá un descenso notable de los costes asociados a las ayudas para los refugiados y los solicitantes de asilo. "Creo que es la inversión adecuada para alcanzar los objetivos de salvar vidas en el mar, evitar que la gente se ahogue en el Canal de la Mancha y controlar los costes de una forma que todos los contribuyentes del país desean ver", aseguró a Sky News el secretario de Estado de migración legal, Tom Pursglove, el pasado diciembre.

Pero tanto la oposición como las organizaciones de apoyo a los refugiados advierten de que estás políticas no evitarán que sigan llegando miles de personas al Reino Unido en busca de asilo. "Pretenden ser medidas disuasorias, pero no lo son. Las personas que llegan aquí están desesperadas, sólo hay que fijarse en los países de los que vienen: Sudán, Eritrea, Afganistán… En muchos casos afectados por la política exterior del Gobierno británico", asegura Andy Brown, voluntario de la organización Care4Calais. "Es la clásica táctica de distracción: culpabilizar a los refugiados por ejercer sus derechos bajo la ley internacional".

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