El plan ultra para expulsar a millones de extranjeros activa en Alemania el debate sobre la ilegalización de AfD

La pregunta de si se puede activar la prohibición de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) o inhabiltar a sus líderes circula por el país desde que la pasada semana el medio investigativo Correctiv reveló que cargos de ese partido abordaron con neonazis un plan para expulsar a dos millones de extranjeros o incluso personas de origen no alemán nacionalizadas. La respuesta es sí, puesto que existe la vía jurídica e institucional adecuada para solicitar la ilegalización de un partido si persigue propósitos anticonstitucionales. Un grupo de 50 catedráticos de la Universidad de Halle (este) ha invitado a la clase política a "plantear" esa prohibición. Pero otros advierten de que puede ser contraproducente, porque el proceso llevaría años, el partido podría jugar la carta del victimismo frente al establishment y la decisión final es incierta.

La AfD es la segunda fuerza en intención de voto a escala nacional y primera en el este de Alemania, donde en septiembre se celebrarán tres elecciones regionales. Antes de esos comicios, la AfD tendrá la gran cita ante las urnas de las elecciones europeas. "Un proceso de prohibición de un partido debe estar respaldado por al menos uno de los tres órganos facultados para ello, sea el Gobierno federal, la Cámara baja o la Cámara alta del Parlamento (Bundestag y Bundesrat)", recuerda a EL PERIÓDICO el politólogo berlinés Hajo Funke. Entre que se formalizara una solicitud ante el Tribunal Constitucional --el órgano competente para ilegalizar a un partido a escala nacional-- y que se resuelva pueden pasar años, prosigue el profesor emérito de la Universidad Libre de Berlín. "No se llegaría a tiempo en este año electoral y probablemente tampoco para los comicios nacionales previstos para 2025", prosigue Funke, autor de varios libros sobre la ultraderecha alemana. Uno de ellos, centrado en su líder regional en Turingia, Björn Höcke, cabecilla de su ala más radical. Funke tilda sin reparos de "fascista" a este político, que en septiembre podría convertirse en ganador de su 'Land'. Una campaña impulsada para pedir al Bundestag la inhabilitación de Höcke recogió en 24 horas 1,2 millones de firmas. Se basa en el artículo 18 de la Constitución, según el cual pueden retirarse los derechos constitucionales --incluido el de votar o ser votado-- a quien atente contra la Carta Magna. "No hay duda de que Höcke incurre en ello. Pero tampoco de que no puede esperarse una resolución en cuestión de meses", advierte el politólogo.

Reunión conspirativa

La pregunta sería, según Funke, por qué no se pensó antes en iniciar este proceso. Los objetivos y acciones de la formación, calificada de "extremista" por los servicios secretos de Interior en varios estados alemanes, son "tan diáfanamente anticonstitucionales como lo son los propósitos conspirativos de la reunión revelada por Correctiv". El plan de "reemigración" es hostil no solo hacia los extranjeros del país --unos 10 millones--, sino hacia ciudadanos con raíces no alemanas --unos 22 millones, de los 83 millones de habitantes del país-- y sus familiares. La AfD está políticamente aislada y su plan es hoy por hoy inviable fuera del imaginario ultra. "Pretender llevarlo adelante generaría una guerra civil. Y usted, como española, sabe a qué me refiero", destaca Funke.

La cita conspirativa tuvo lugar en Potsdam, ciudad vecina a Berlín. Junto a los miembros de la AfD y neonazis asistieron representantes de la llamada Unión de Valores --corriente de la oposición conservadora que tantea la creación de un nuevo partido radical-- y también el líder de los identitarios austríacos Martin Sellner. El lugar elegido recuerda a la Conferencia de Wannsee, donde en 1942 el régimen nazi planeó la "solución final" o deportación y exterminio de millones de judíos. Son paralelismos derivados no solo de esa vecindad geográfica, sino por los planes de deportación de millones de personas.

"El plan diseñado en Potsdam no es solo una perspectiva horrenda. Es un ataque a la Constitución y a nuestro Estado de Derecho", alertó en un comunicado conjunto la Federación de Jueces, la Asociación de Abogados y otras organizaciones hermanadas. "Toda fantasía sobre una deportación masiva en Alemania debe ser combatida con todos los medios jurídicos y políticos existentes", prosigue la nota.

La copresidenta del partido, Alice Weidel, se ha desprendido de su asesor y exdiputado Roland Hartwig, asistente a la reunión de Potsdam. Su compañero en la presidencia bicéfala, Timo Chrupalla, dice "no recordar" si asistió a otra cita similar unos años antes en Düsseldorf. Otros miembros de la AfD presentes en la reunión de Potsdam han defendido esos planes. Para el secretario ejecutivo de la AfD, Bernd Baumann, el uso del término es legítimo y se remite a la "repatriación de migrantes por procedimientos legales".

Las reacciones de estupor se han plasmado en la recogida de firmas y en la calle. En los últimos días, se han sucedido las manifestaciones de decenas de miles de personas contra la ultraderecha tanto en Berlín como en Leipzig (este), Colonia y Essen (oeste), así como en el propio Potsdam, con asistencia del canciller socialdemócrata Olaf Scholz y de su ministra de Exteriores, la verde Annalena Baerbock, ambos residentes en esa ciudad, capital del 'Land' de Brandeburgo.

La fracasada ilegalización del NPD

Por lo pronto no se perfila el respaldo político suficiente para una petición de ilegalización ante el Constitucional, con sede en Karlsruhe. Ha habido pronunciamientos a favor desde la socialdemocracia de Scholz o de sus socios Verdes, pero el tercer aliado en la coalición de gobierno, el partido liberal, lo considera “contraproducente”. Tampoco hay un respaldo por razones parecidas, desde la oposición conservadora, primera fuerza en intención de voto.

Los criterios para la prohibición de un partido son muy estrictos. La ilegalización organizaciones neonazis marginales o locales son relativamente frecuentes y competen al Ministerio del Interior. Pero hasta ahora Karlsruhe solo prohibió dos partidos a escala nacional --el comunista y el heredero del NSDAP nazi, ambos en los años 50--. Fracasaron, en cambio, dos tentativas de ilegalizar del Partido Nacional Democrático (NPD), principal brazo político del neonazismo.

Una primera iniciativa, respaldada por el Gobierno de la entonces cancillera Angela Merkel y el Parlamento, se estrelló en 2003 porque se amparaba en testimonios de infiltrados policiales que, a la vez, eran agitadores del NPD. Una segunda petición, impulsada por la Cámara alta o Bundesrat, acabó rechazada por el TC en 2017 por entender que el partido no tenía "el peso necesario" para consumar sus objetivos o "actuar contra el Estado". El NPD tenía apenas 6.000 militantes y cero representación parlamentaria. Al NPD le salvó su fragilidad, mientras que no hay consenso ahora contra la AfD, que en 2017 se convirtió en la primera y única formación de su espectro que accedía al Bundestag.

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