El foco de la sanidad en la Marina Alta no está en el rescate de la gestión del departamento de salud (la concesión de Marina Salud acaba en 2024), ni en la saturación de los centros de salud (monumental en esta quinta ola), ni en las listas de espera. El foco está en los manejos empresariales. Ribera Salud ha cerrado un acuerdo con DKV para comprarle sus acciones y hacerse así con el control absoluto del hospital y del área de salud. Pero los trabajadores (el comité de empresa) y los sindicatos ya advierten de que esta maniobra no está amparada por la ley.
El comité de empresa de Marina Salud ha enviado un escrito al presidente del Consell, Ximo Puig, y a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para exigirles que «paralicen e impidan la operación de venta accionarial entre DKV y Ribera Salud». También piden una reunión urgente con la conselleria para saber qué acciones se han tomado para bloquear «esta operación ilegal de venta accionarial».
Los trabajadores enumeran los artículos que esta maniobra empresarial se salta. Aseguran que incumple el Estatuto de los Trabajadores, ya que se debió informar a los empleados de una cuestión que les afecta directamente. También sostienen que se vulnera la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana, que veta las «posiciones de dominio». El comité de empresa alude a un informe jurídico de la Abogacía de la Generalitat de 2016 que dejaba claro que la administración pública contratante debe autorizar la transmisión de acciones en las empresas adjudicatarias. Y recuerda que Ximo Puig se ha comprometido a recuperar la gestión pública del departamento de salud de Dénia.
